No voy a referirme a los crímenes policiales de la “era” balagueriana, en la que el gobernante de turno siempre actuó como la “gatita de María Ramos”. Deseo centrarme ahora en el destino de los tristemente famosos “intercambios de disparos” institucionalizados desde las diversas jefaturas policiales con la aparente indiferencia –y apoyo esencial- de los presidentes Fernández, Mejía y Medina. Una modalidad empleada para imponer la pena de muerte a culpables e inocentes de ciertos delitos, generalmente jóvenes procedentes de familias empobrecidas; siempre en función del interés de altos mandos y bandas delincuenciales pertenecientes a cuerpos militares-policiales altamente corrompidos.
Al finalizar el año 2016 esa forma de “institucionalización” de la pena muerte (no contemplada ni en Constitución ni en ley alguna), fue traspasada al Poder Ejecutivo y al más alto nivel de este régimen (especie de dictadura constitucional orquestada y manejada desde desde el cogollo del PLD) tan pronto el Presidente Medina ordenó capturar “vivo o muerto” al teniente Jhon Percival Matos, acusado de graves delitos comunes.
En ningún caso se trata de delitos susceptibles de ser calificados de rebeldía armada revolucionaria, como su padre –exmilitar contestario y progresista- se empeña en propalar en medio del dolor desgarrador que lo agobia, en desesperado y vano esfuerzo por contrarrestar post-morten el descrédito de su ser querido. Más bien delitos con intensa manipulaciones de mafias policiales y militares amalgamadas con civiles del bajo mundo.
No recuerdo un gobernante, ni siquiera Trujillo o Balaguer, que haya ordenado públicamente una persecución a muerte. Todos se auto-protegían cuando se trataba de aplicar la pena de muerte en un país que legalmente no la ha admitido, procurando que la culpa se le atribuyera a subalternos. Tal determinación solo es explicable por la elevada degradación del poder establecido, por el proceso de descomposición y descontrol que embarga al Estado dominicano y envuelve a los grandes beneficiarios de su ya creciente e irrefrenable gansterización.
La desnudez de los fantasmas de Odebrech y Tucanos, de la narco-corrupción, de gavillas partidistas y bandas castrenses, saqueadores impenitentes del patrimonio público y natural -así como el proceso gangrenoso que corroe el poder y tiende a provocar la implosión de esta sociedad- los conmina a frecuentes y burdas terapias publicitarias. Los descontrola dentro del descontrol general del poder que ostentan. Al nacer el 2017 se ha iniciado un periodo más ominoso y peligroso que los anteriores, y en estos casos solo el pueblo podría salvar al pueblo.
8-01-2017, Santo Domingo, RD.
