Participación Ciudadana cuestiona a la Procuraduría General de la República por su lentitud en las pesquisas en tono a la denuncia de soborno de Odebrecht. Texto de la declaración.
Al evaluar las acciones del Estado dominicano sobre los casos de soborno a funcionarios públicos, Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, demanda acciones contundentes frente a la aceptación de sobornos y sobrevaluación de contratos por la empresa Odebrecht para obtener la adjudicación de obras en la República Dominicana.
Mientras en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú, la acción pública puesta en movimiento por la Fiscalía General, obliga a los empresarios a negociar; por el contrario, la Procuraduría General de la República Dominicana está evaluando las informaciones solicitadas a los entes públicos que han tenido vínculos contractuales con dicha empresa.
Desde el 2002, la Constructora Odebrecht inicia trabajos para la ejecución de más de 18 obras de infraestructura (acueductos, carreteras y energía), la cual fue favorecida gracias al pago de más de $92 millones de dólares que distribuían mediante sobornos a funcionarios públicos, pago de comisiones a facilitadores e intermediarios, monto que garantizaba su obtención y retención, cuya inversión era incluida a través del incremento del costo real de las obras.
Nueva vez el nombre de la República Dominicana queda sellado en los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como uno de los 12 países que la empresa Odebrecht influyó en el presupuesto gubernamental, pagó sobornos a partidos políticos, funcionarios públicos, empresarios, facilitadores y representantes, donde se realizaron más de 100 proyectos. Además, la empresa acordó pagar $2,047 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil para compensar los actos ilícitos por lo que se les investiga.
En vista de la trascendencia política y de gobernabilidad interna del país, Participación Ciudadana solicita a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, a sus Ministros de Obras Públicas, Directores INAPA y de la CDEEE, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los Senadores y Diputados donde se ejecutaron dichas obras, a los representantes de las compañías constructoras privadas que se presentaron en consorcio con la empresa Odebrecht y a todos aquellos que directa o indirectamente estén vinculados a las ejecuciones de obras, a ponerse a la disposición del Ministerio Público para demostrar su buena voluntad de que no forman parte de la asociación ilícita y la red mafiosa, que gestionaba mediante sobornos y pagos en especie, jugosas contrataciones, financiando campañas electorales y beneficios a personas clave, para garantizarse la obtención y retención de dichos contratos.
La organización de la sociedad civil, ante el cuestionamiento ciudadano sobre la falta de independencia del Ministerio Público por ser éste un órgano jerárquicamente dependiente del Presidente de la República, insta al Consejo Superior del Ministerio Público para que designe una Comisión de profesionales independientes (consultores técnicos), para dar asistencia técnica y legitimidad a sus acciones, a los fines de que éste caso quede bien instrumentado.
Participación Ciudadana invita a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a mantenerse activos para que esta nueva acción criminal no permanezca impune, ya que la víctima directa de éste caso y de todos los casos de corrupción sin castigo es el pueblo dominicano, por lo que apoya la convocatoria a la Gran Marcha Pacífica contra la Impunidad que se celebrará el día domingo 22 de enero a las 10:00 a. m., iniciándose en la intersección formada por las Avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero y terminará frente al Palacio Nacional, donde se demandarán acciones para que éste caso de soborno nacional e internacional no sea manipulado por el poder político partidario.
Consejo Nacional
10 enero del 2017
