El Estado Dominicano está obligado a desligarse de la empresa Odebrecht y producir sanciones a los funcionarios que recibieron sobornos, de lo contrario les sería bloqueado el acceso al crédito de organismos de financiamientos internacional.
Expertos financieros consultados por DiarioDigitalRD, pero que prefieren no ser parte del debate público en torno al caso de Odebrecht, indican que los fondos de financiamiento obtenidos para la construcción de la planta al carbón Punta Catalina podría ser retirados, y dificultarse obtener otros sin el Gobierno no corta la relación con Odebrecht a la mayor brevedad.
De acuerdo a expertos, el proceso que sigue la Procuraduría General de la República es seguido con mucho interés por las autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil, que habrían entregado suficientes informaciones sobre la operación de sobornos que Odebrecht llevó a cabo en República Dominicana.
No actuar en contra de la empresa brasileña y los sobornados por esta sería un suicidio para el Estado dominicano. Esta urgencia es que ha llevado a la Procuraduría General de la República a pedir que sean suspendidos los contratos con Odebrecht y que a la misma le sea retirado el registro que como empresa mantiene en el país.
Sobre este particular la directora del Compra y Contrataciones, Yocasta Guzmán fue categórica al señalar que “La Ley de Compras establece que cuando hay sobornos, cohecho, tráfico de influencias, informaciones falsas, procede la inhabilitación ya sea temporal o definitiva”.
Ejecutivo de Odebrecht en Brasil admitieron el soborno a funcionarios de varios gobiernos de América Latina, entre ellos de República Dominicana, donde repartieron la suma de 92 millones de dólares. Como persona que recibió y habría distribuido esa suma se ha señalado al empresario Ángel Rondón, quien ya fue interrogado por la Procuraduría General de la República.
Rondón habría admitido que recibió la señalada suma, pero alegó que fue por trabajo realizado, sin embargo, expertos financieros estiman que una cantidad de dinero tan elevada no concuerda como lo que el empresario debió recibir por el trabajo realizado en calidad de representante comercial de Odebrecht en República Dominicana.
Además, se ha establecido vía la Procuraduría General de la República que en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no hay registro del pago de los arbitrios correspondiente a la partida de 92 millones de dólares recibidas por Rondón, quien tendrá la oportunidad de demostrar todo lo contrario en las próximas horas.
Consciente de las implicaciones del proceso es que el presidente Danilo Medina ha decidido crear una comisión de notables que tendría como objetivo transparentar en lo más posible el proceso de licitación y adjudicación de la obra energética de Punta Catalina, en interés de tratar de que el curso de construcción de la misma no sea torpedeado.
En pesonas conocedoras de este tipo de situaciones se tiene la creencia de que las investigaciones que lleva a cabo la PGR responden a la necesidad de llenar los requisitos del debido proceso para terminar con los sometimientos correspondientes, y sospechan que así como se sabía del nombre de Angel Roondón, las autoridades podrían estar en pleno conocimiento de los funcionarios sobornados, nombres que saldrían a relucir en el momento en que se instrumente el expediente definitivo.
Evitar que esto último ocurra sería dificil, pues la empresa Odebrecht ya hizo unas negociaciones con la justicia de Estados Unidos y Brasil.
