Bartolomé Pujals, uno de los organizadores de la marcha del domingo “por el fin a la impunidad”, reveló que en una reunión con el director de la Policía Nacional, Nelson Paredes Peguero, y otras autoridades de esa entidad, le advirtieron de posibles personas que podrían tratar de infiltrarse en la caminata.
Al participar en el programa radial El Gobierno de las Mujeres, dijo que la convocatoria a la marcha que partirá de la Máximo Gómez con 27 de Febrero, en horas de la mañana del domingo, dijo que las expectativas de participación ciudadana han sido desbordadas, tras señalar que la gente se ha identificado con la proclama de luchar contra la corrupción y la impunidad.
Al mismo tiempo, Pujals, entrevistado por Rosa Alcántara y Patricia Arache, no identificó quienes estarían pretendiendo infiltrarse en la actividad; sin embargo, alertó que por ser una iniciativa que nace de la ciudadanía, garantizan que el liderazgo opositor tradicional no trate de capitalizar la marcha.
Informó que la Policía Nacional ofreció garantía de integridad a todos los manifestantes y señaló que los organizadores de la marcha cuentan con un equipo de 150 personas los cuales se encargarán del buen orden y la seguridad de los participantes.
Asimismo, manifestó que quienes promueven la marcha conjugan la lucha de calle con la lucha institucional, es decir haciendo las solicitudes de lugar a las instancias correspondientes para que se adopten acciones encaminadas a identificar y castigar a los involucrados en el escándalo de corrupción de la Odebrecht.
Solicitaron a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas inhabilitar a la Odebrecht en el país, rescindir los contratos y a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría de la declaración jurada de presidentes, ex presidentes y ex funcionarios públicos que han tenido funciones y acuerdos con la empresa brasileña.
También, Pujals, dirigente del movimiento Poder Ciudadano dijo que con las acciones ciudadanas llevadas a cabo se busca la recuperación del dinero, que sobrepasan los 92 millones de dólares de soborno; el sometimiento a la cárcel de todos los responsables y la creación de una comisión de la verdad para la independencia y autonomía de la investigación.
