El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido recibido con cautela en República Dominicana, tanto en el sector gubernamental como el empresarial, pese a que su agenda podría impactar negativamente la economía de este país caribeño.
De entrada, toda acción que se emprenda en Estados Unidos contra la migración indocumentada repercutirá en República Dominicana con una de las poblaciones más numerosa residiendo en Estados Unidos.
Y sobre esa migración allí, la medida que pretende dejar sin efecto el plan de salud conocido como Obamacare, tendría por igual efecto negativo, si se toma en cuenta que la dominicana figura entre las migraciones más pobres.
Otro elemento en torno al cual República Dominicana debe estar muy atenta es hacia los planes de la administración Trump de renegociar, incluso dejar sin efecto, los tratados de libre comercio firmado por Estados Unidos con otros países de la región.
República Dominicana es signataria del Tratado de Libre Comercio para Centro América y República Dominicana (RD-Cafta), que de ser objeto de cuestionamiento por Trump tendría riesgos para la economía nacional.
Ya de hecho, las medidas proteccionistas anunciadas por Trump, han llevado a México a plantearse nuevos incentivos para las zonas francas, como forma de atraer inversiones que se podrían perder por los cambios en la nueva administración estadounidense.
En un comunicado reciente emitido por la Asociación de Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) alertó respecto el anuncio del gobierno mexicano, el que dijo ofrecerá nuevos incentivos federales relacionados con el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto a los bienes industrializados (IVA), las facilidades aduanales y la Seguridad Social, para incentivar que las zonas francas escojan ese país en vez de China.
Podría ser crucial para el país, la política que emprenda el nuevo gobierno estadounidense en torno a programas de cooperación en áreas como el sector salud, lucha contra el narcotráfico. Sobre esto, voceros de Trump han dicho que habrá recortes sustanciales y que donde haya ese tipo de apoyo estará condicionado a las acciones que lleven a cabo sus gobiernos contra la corrupción.
Otro elemento en torno al que existe incertidumbre es la política de la administración Trump hacia Haití, que de orientarse al criterio de que Estados Unidos no va a cargar con todos los gastos, como ocurre con la Unión Europea y la OTAN, en el caso de la isla La Española, podría traducirse a recargar las responsabilidades de República Dominicana hacia sus vecinos.
La primera señal que habría que esperar desde República Dominicana es la designación del nuevo embajador estadounidense en Santo Domingo, pues la elección este diplomático, por lo regular, está en consonancia con la agenda que esa nación pretende aplicar en donde es designado.
El ascenso de Trump no ocurre en el mejor de los contextos para República Dominicana, que se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción, develado precisamente por la justicia de Estados Unidos, cuyo epicentro está en Brasil y que salpica a muchos países del continente.
En el caso dominicano, este escándalo envuelve a funcionarios del gobierno y a empresarios privados, favorecidos por el soborno de 92 millones de dólares y sobrevaluaciones de las obras adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht.
De ahí que, la cautela del mundo político y empresarial dominicano, no solo esté marcada por la indescifrable que en muchos aspectos se torna la política exterior que enarbolará Trump, sino por el confuso ambiente económico y social predominante en República Dominicana, propicio para que el nuevo inquilino de la Casa Blanca la tome de referencia para su política hacia la región del Caribe.
