El Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, CEC-UASD, doctor David La Hoz, considera que el caso Odebrecht muestra que las instituciones encaminadas a prevenir y sancionar la corrupción, le han fallado al país. Pues este caso muestra que una estructura mafiosa transnacional y nacional, se instaló por muchos años en el seno mismo del Estado sin que los órganos llamados a actuar para impedir su marcha, se percataran de ello.
Entiende que el PEPCA, no ha estado a la altura de la circunstancia porque es un órgano de la Procuraduría que sirve los intereses políticos de turno, pues no fue capaz de actuar oportunamente, quizás porque la voluntad política se lo impidió, pero tampoco posee un diagnóstico propio de lo ocurrido, lo cual es grave, pues el trabajo técnico no depende de la decisión política.
Para el Director del CEC-UASD, la Oficina de Control de Contrataciones Públicas prevista y creada por la ley 340-06 y por la ley de soborno 448-06 sobre soborno, es un órgano inoperante pues tampoco posee un diagnóstico de lo ocurrido. La Hoz llama a una revisión radical de lo que hacen estas entidades pues de no ponerse a todo con el mandato legal que justifica su existencia, deberían desaparecer.
Dijo La Hoz, que igual ocurre con la Comisión de Ética del Gobierno, es una oficina que nada aporta, pues aunque recibe información nada hace para evitar el desastre. Actualmente, la opinión pública no sabe si dicha oficina está abierta pues no se siente ni actúa conforme a las funciones que les han sido encomendadas. No es para nada un filtro contra la corrupción.
Es lamentable que existiendo la estructura legal necesaria y suficiente para combatir la corrupción, el Estado Dominicano solo actúe cuando a nivel internacional se descubren escándalos como el actual facturado por la Odebrecht. La Hoz entiende que la democracia, la Constitución y el orden institucional del país peligran cuando los órganos llamados a corregir males hacen mutis.
Para La Hoz, la Procuraduría General de la República, es una entidad que deja mucho que decir tanto en el plano de los delitos de derecho común como en los crímenes de cuello blanco, comprende que el actual incumbente, Jean Rodríguez, no es responsable de lo que allí ocurre sino otros que pernoctaron por mucho tiempo allí haciendo de vedette sin hacer nada, lo cual es lamentable y la nación debería pedirles cuentas pues son cómplices por omisión de lo ocurrido.
Además, opinó, que cabe preguntarse ¿si este es el único escándalo, si no quedarán otros pendientes de que la Comunidad Internacional los saque a flote? Lo cual implica que los gobiernos dominicanos -en todo lo que va del siglo XXI-, según muestran los hechos, no han estado sirviendo al interés general de la nación ni a los objetivos de la Constitución, la democracia y la institucionalidad sino al servicio de grupos mafiosos enquistados en el Estado Dominicano desde el mundo empresarial. Esta situación explica por qué, por ejemplo, no se puede dotar de recursos a la UASD, no se pueden construir hospitales, carreteras, puentes y acueductos, pues esas obras solo son posibles cuando los grupos de interés mafiosos, tienen el control de esas obras no para satisfacer demandas sociales sino para cargarse el Presupuesto Nacional.
El asunto no debe quedar en una negociación cuyos términos no conoce el país, requiere de una revisión profunda de la política anticorrupción del gobierno, es decir: varios funcionarios deben poner sus cargos a disposición del Presidente de la República y el primer mandatario está en la obligación moral, de dar una señal inequívoca a la nación. Puntualizo el Director del CEC-UASD, David La Hoz.
En la Ciudad Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 23 días del mes de enero de 2017.
