Empresas de comercialización de alimentos demandaron ayer la revisión del proceso de licitación en el que se les adjudicó a otras compañías la adquisición de insumos para la preparación de alimentos para suplir recintos penitenciarios, la Escuela Nacional de Penitenciaria y los centros de corrección de menores del país, ya que entienden hubo varias irregularidades en el proceso.
Al hablar en representación de las empresas, Wendy Ferreras, propietaria del Supermercado Los Issas, señaló que es necesaria una revisión porque las adjudicaciones no están de acuerdo con el pliego de requisitos, además de que las empresas que fueron beneficiadas son nuevas, por lo que no tienen el tiempo necesario en el mercado que las autoridades exigen.
Señaló que en el proceso hubo cuatro empresas que quedaron dentro de la licitación, pero que a la hora de ser adjudicadas, les dieron el beneficio a otras compañías que no estaban.
Dijo que la adjudicación de cientos de millones de pesos en favor de compañías a las cuales no se le conoce una trayectoria en la comercialización ni distribución de alimentos, con domicilios establecidos en oficinas profesionales y locales comerciales, con poco tiempo de ser constituidas e incluso poco tiempo de haberse registrado como proveedores del Estado, evidencia que se trata de compañías de carpeta que han sido utilizadas para ofertar por un precio muy inferior al valor del mercado y así obtener la decisión favorable.
El presupuesto asignado es de RD$ 500 millones.
Dado que los recintos penitenciarios se encuentran ubicados en toda la geografía nacional, fueron agrupados en lotes por regiones, destacándose entre estas, las regiones sureste, suroeste, Cibao central y Cibao noroeste.
En el pliego de condiciones de la licitación se estableció que en la adjudicación se daría prioridad a los oferentes ubicados en la misma provincia o región donde se encontraran los centros penitenciarios para los cuales presentaron ofertas.
Sorpresivamente, al publicar la decisión de adjudicación, se evidencia que empresas establecidas en el Distrito Nacional, resultaron adjudicatarias de gran parte de recintos ubicados en las regiones suroeste, Cibao central y Cibao noroeste; cuando lo que correspondía era adjudicarlo a las empresas ubicadas en las zonas más cercanas a dichos centros ya que estas ofertaron precios dentro de los parámetros establecidos por la procuraduría.
