NUEVA YORK – Hoy, dieciséis fiscales generales estatales anunciaron la presentación de una instancia en apoyo a la demanda federal de Washington y Minnesota contra la orden ejecutiva sobre inmigración de la Administración de Trump.
En un escrito ‘amici curiae’ de 23 páginas presentado ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos, los representantes de los fiscales generales declararon: "Aunque los residentes, instituciones, industrias y economías de los Estados miembros difieren de varias maneras, todos estamos de acuerdo en que ahora enfrentamos daños concretos e irreparables producto de esta Orden Ejecutiva”
El escrito es firmado por los Fiscales Generales de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Delaware y sigue otras acciones legales por parte de los fiscales generales de Estado para oponerse a la orden del Presidente Trump, incluyendo la moción del Fiscal General Schneiderman para intervenir en la demanda presentada en el Distrito Este de Nueva York la semana pasada
"Los fiscales generales estatales están en la primera línea de protección de nuestra gente de la política federal peligrosa y precipitadamente implementada. He sido claro: la orden ejecutiva del Presidente Trump es inconstitucional, ilegal y fundamentalmente no americana – y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras socava a nuestras familias, economías e instituciones de nuestros estados ", dijo el Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman. "De presentar nuestra propia demanda federal la semana pasada, y asociarnos con otros fiscales generales en este escrito amicus hoy, utilizaremos todos los instrumentos a nuestra disposición para combatir la orden discriminatoria del Presidente Trump y ayudar a asegurar que se imponga el imperio de la ley".
El Fiscal General de Pennsylvania, Josh Shapiro, dijo: "Esta acción legal trata de mantener nuestras comunidades seguras, proteger nuestra economía y defender el imperio de la ley. Pensilvania se fundó en la promesa de la libertad y estamos orgullosos de ayudar a liderar este esfuerzo en apoyo de la demanda del Estado de Washington".
"Ningún presidente o administración es más poderoso que nuestras leyes y nuestra Constitución", dijo la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey. "Como fiscales estatales, es nuestro trabajo hacer a este gobierno rendir cuentas y defender los intereses de nuestros estados y nuestros residentes. Estamos unidos en este esfuerzo".
El escrito amicus deja claro que los estados tienen derecho a desafiar la orden ejecutiva de inmigración debido al daño que la orden inflige a los propios estados, incluyendo:
Instituciones Educativas Estatales. El escrito detalla la interrupción del personal docente, la asistencia a clases de los estudiantes y asuntos administrativos en los colegios y universidades estatales, así como los costos adicionales que muchas de estas instituciones públicas con limitaciones de recursos no pueden permitirse, causados por la orden de inmigración. En particular, toma nota de los miles de profesores y estudiantes de los siete países afectados que trabajan o estudian en las universidades estatales de Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, California y Virginia.
Instituciones Médicas Estatales. El escrito pone de manifiesto las lesiones similares causadas por la orden del Presidente Trump a las instituciones médicas estatales ya la prestación de atención, interrumpiendo el proceso de igualación en las escuelas de medicina e impactando a los médicos residentes y otros médicos, profesores e investigadores que ya han estado prestando servicios. Estas instituciones sirven a algunas de las poblaciones más necesitadas, y ahora corren el riesgo de disminuir la dotación de personal como resultado de la orden.
Ingresos fiscales disminuidos de estudiantes; Turistas y Visitantes de Negocios. La orden ejecutiva detuvo abruptamente la entrada de estudiantes, turistas y otros visitantes de los siete países afectados, y al mismo tiempo detuvo los millones de dólares que contribuyen a las economías de los estados. El escrito también deja claro que a largo plazo los daños a las economías regionales de los estados como resultado de la orden, ya que dificulta el movimiento de personas e ideas en los estados.
Daño irreparable debido a violaciones de la cláusula de establecimiento. Como los Estados han dejado claro en otras acciones legales, la orden ejecutiva representa una violación flagrante de la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda – y esta "erosión de las libertades religiosas no puede ser disuadida otorgando daños a las víctimas de dicha erosión".
Daños a los intereses soberanos y cuasi soberanos de los Estados en la aplicación de sus propias leyes. La orden ejecutiva también socava la capacidad de los estados de hacer cumplir sus propias leyes antidiscriminatorias, asegurando que los beneficios de las leyes y regulaciones federales existentes -como la Ley Nacional de Inmigración- no se nieguen a las personas que llegan a estos estados y protegen a los residentes y comunidades.
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El escrito pide una negación de la petición de emergencia del gobierno federal para la estancia, pues volvería el país a la confusión y al caos creados por la orden ejecutiva tras su puesta en práctica el fin de semana pasado.
"Nuevo México ha dado la bienvenida a cientos de estudiantes, académicos, médicos y otros portadores de visados legales de países afectados por esta orden ilegal", dijo el Fiscal General de Nuevo México Héctor Balderas. "Es injusto, inconstitucional y no estadounidense que estos miembros de la comunidad y sus familias sean penalizados basados únicamente en su religión y origen nacional".
"Como colonia, Rhode Island se fundó en la tolerancia religiosa. Fuimos formados por los visionarios y los disidentes que estaban escapando de la persecución religiosa. En nuestros primeros años, nos convertimos en un refugio para personas de todas las creencias y religiones ", dijo Peter Kilmartin, Fiscal General de Rhode Island. "La Orden Ejecutiva del Presidente Trump está en conflicto directo con los principios sobre los cuales se construyó nuestro gran estado y esta gran nación. No podemos permitir que nuestra Constitución y nuestros derechos constitucionales sean pisoteados, que las personas sean rechazadas o que nuestras libertades sean restringidas”.
"El rechazo temerario de la Constitución amenaza con arruinar familias de California, arriesga su bienestar económico y desafía siglos de nuestra tradición americana. Los inmigrantes son la sangre de vida de nuestra nación que trabajan duro para construir nuestro país, especialmente en California. Nuestras universidades, instituciones médicas, negocios y nuestra base tributaria están todas afectadas por la orden inconstitucional y no estadounidense del presidente Donald Trump ", dijo el Fiscal General de California, Xavier Becerra.
