"Los altos niveles de crimen y violencia tienen un alto costo en vidas humanas y lastiman el desarrollo", dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe".
WASHINGTON D.C., 7 de febrero, 2017 – Para hacer frente al prominente y costoso problema del crimen y la violencia, América Latina y el Caribe (ALC) necesita aumentar los esfuerzos de prevención basados en una comprensión más clara de sus causas y de aquellas políticas que han demostrado su eficacia para combatir este problema, según un nuevo informe del Banco Mundial presentado hoy aquí.
El informe, Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta, afirma que la violencia sigue siendo un reto importante para ALC, a pesar de los importantes logros económicos y sociales experimentados por la región durante la última década.
"Los altos niveles de crimen y violencia tienen un alto costo en vidas humanas y lastiman el desarrollo", dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. "Para tener éxito, la región necesita construir un tejido social más inclusivo y con mayor igualdad de oportunidades, así como implementar políticas de prevención que hayan funcionado en disminuir la violencia, tales como la reducción de las tasas de deserción escolar y el aumento de empleo juvenil de calidad".
Según el informe, la inseguridad es el resultado de muchos factores, entre ellos: el tráfico de drogas y el crimen organizado; los débiles sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley que fomentan la impunidad; la falta de oportunidades y apoyo para jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas.
Asimismo, señala que el crimen y la violencia están altamente concentrados en zonas geográficas específicas de barrios y ciudades, por lo que no todos los países, ciudades o comunidades de la región sufren los mismos niveles de violencia.
El informe subraya que no hay "fórmula mágica o política única" para solucionar el problema y enfatiza que basarse sólo en una mayor acción policial o una mayor encarcelación no es suficiente. Una combinación bien enfocada de iniciativas puede desempeñar un papel importante en la prevención de actos violentos y conductas delictivas.
Una conclusión central del estudio es que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para que la prevención funcione.
Si bien los enfoques a largo plazo de la prevención pueden comenzar antes del nacimiento y brindar beneficios en la adolescencia y en la edad adulta, programas de política eficaces con horizontes a más corto plazo también están disponibles más adelante en la vida de las personas. Estos incluyen inversiones en programas de educación, programas de comportamiento y destrezas sociales, y esfuerzos de reducción de la pobreza bien enfocados, entre otros.
El estudio destaca cómo una serie de políticas no específicamente diseñadas para prevenir la delincuencia tienen beneficios sustanciales de prevención del crimen (por ejemplo, programas de desarrollo de la primera infancia, educativos y de reducción de la pobreza). Por lo tanto, la prevención, a un costo eficiente, puede lograrse rediseñando y repensando políticas existentes a través de un lente de prevención del crimen.
Algunos ejemplos de programas que funcionan bien incluyen visitas de enfermeras a domicilio e iniciativas para el desarrollo de la primera infancia, las cuales han demostrado reducir la probabilidad de que los niños huyan de casa, sean arrestados o condenados por un crimen.
La mayoría de las reducciones considerables y persistentes, tanto en delitos violentos como en delitos contra la propiedad, también se han vinculado a políticas que desalientan a los jóvenes a abandonar la escuela secundaria.
El informe encuentra que incluso las políticas de salud deben ser consideradas para prevenir y "tratar" la delincuencia, la violencia y la agresión. Tanto una mejor nutrición como tratamientos de salud mental pueden ofrecer resultados prometedores.
También reconoce que la eficacia de muchas de estas políticas preventivas depende en gran medida de la capacidad institucional para implementarlas. La prevención del delito puede ser claramente más exitosa en un contexto en el que la población confía en instituciones como la policía o el sistema judicial.
