Se arropan en la bandera de lucha contra la impunidad, no importa que en algunos casos la empuerquen, pero en la agenda oculta el propósito no es justicia, sino el caos en el que aspiran a pescar la simpatía y el respaldo que el electorado dominicano se ha resistido a prestarles.
No por casualidad el movimiento enrola a muchos de los que se candidatearon a distintas posiciones electivas en las últimas elecciones generales por la variopinta y debilitada oposición, alcanzando una cosecha deprimente, pero también a varios de los que les ha cogido la noche articulando estrategias infructíferas para desalojar al Partido de la Liberación Dominicana del poder y han convertido las atalayas mediáticas que manejan en radicales tribunas opositoras.
Con el escándalo internacional desatado por las delaciones premiadas de ejecutivos de la constructora Marcelo Odebrecht ante la justicia brasileña, la consigna es “ahora o nunca”, esta es la coyuntura caída del cielo para auspiciar una crisis, que pudiera desembocar en un gobierno provisional, un adelanto de elecciones o cualquier otra cosa que evite esperar cuatro años más para que el mismo partido se mantenga gobernando.
Cuando el presidente Danilo Medina anunció la formación de una comisión para investigar por todas las aristas la única contratación con la firma Odebrecht que se ha producido en su gestión: las termoeléctricas de Punta Catalina, con una integración tan amplia que no hubiera manera de ocultar cualquier irregularidad detectada, además de algunos periquitos realmente desconsiderados contra la figura de Agripino Núñez Collado, dijeron que el mandatario suplantaba las funciones del Ministerio Público, y que cualquier investigación debe estar a cargo de la Procuraduría General de la República.
Pero en la medida en que han observado al Procurador General de la República avanzar en las investigaciones y arribar a un acuerdo de resarcimiento económico y colaboración judicial con la firma Odebrecht, muy bien ponderado por juristas prestigiosos, entonces dicen que el jefe del Ministerio Público no es confiable porque es un funcionario al servicio del presidente Danilo Medina.
Prueba de que el acuerdo no cerraba las investigaciones, es que una vez arribado, se ha continuado con la segunda etapa de los interrogatorios, y en el propio texto del entendimiento está advertido que el descubrimiento de cualquier funcionario del Estado que haya recibido soborno, o de alguien que lo haya pagado, irá a apoderamiento de la justicia dominicana para las penalidades de rigor.
Ahora quieren dos medidas que traducen caos institucional y económico: la designación de unos fiscales especiales no contemplados en nuestro orden jurídico y constitucional; y anulación de todos los contratos que ejecuta Odebrecht en la República Dominicana, es decir parálisis y encarecimiento de esos proyectos, insolvencia económica de la empresa para responder al pago de resarcimiento a que se ha comprometido, despido de más de cinco mil empleados, y quiebra de más de trescientos subcontratistas y suplidores frente a los cuales la empresa no podría cumplir sus compromisos.
¿Por qué ese panorama pésimo para el país sería bueno para los planes de algunos?
Agudiza la problemática socioeconómica del país y fomenta la impopularidad del gobierno, mientras que se prolongan los años beneficios astronómicos para los generadores eléctricos, estrechando los recursos de los que dispone el Estado para las políticas sociales.
Nadie que se faje de campana a campana a trabajar quiere impunidad, por el contrario: justicia, orden y seguridad, que solo se consiguen fortaleciendo las instituciones.
