Poder e impunidad

Aquí en República Dominicana las altas jerarquías del Gobierno y del sistema tradicional de partidos y sus socios privados son los grandes beneficiarios y operadores del sistema de corrupción e impunidad.

Por eso no debe sorprendernos que las iniciativas presidenciales sobre corrupción estén y estarán condicionadas por el interés de auto-protegerse, proteger su régimen, salvar a los jerarcas de la corrupción del caso ODEBRECH y demás delitos de Estado, y encubrir las cúpulas del PLD (partido de gobierno) y de los demás agrupaciones políticas; tratando siempre de prolongar el “blindaje” estatal que garantiza impunidad y reproduce el mal.

En tales circunstancias es ingenuo pensar que el Presidente Medina opte por nombrar una comisión de “fiscales independientes” para investigar el caso Odebrech (incluido el contrato de las Plantas a Carbón de Punta Catalina). Si la nombra, no será independiente, y en ella nadie debería confiar, dado que el presidente no va crear algo que pueda actuar contra él y los suyos.

Este gobierno y su presidente -a manera de maniobra de distención- a lo sumo podrían aprovechar una demanda de ese tipo para designar una comisión tramposa que inicie procesos contra ciertos “chivos expiatorios” y culpe solo a responsables menores; amén de tener obstáculos internos para hacerlo y de que luego habría que transitar por el tedioso y siempre frustratorio camino de un poder judicial al servicio de la impunidad y manipulado por la jefatura del PLD.

Ahora es peor, pero también reinaron impunes la suma de corruptelas de ODEBRECH y otras empresas contratistas durante las administraciones de Hipólito Mejía y Leonel Fernández en torno a mega-proyectos de infra-estructuras, fraudes financieros, estafas inmobiliarias, endeudamientos onerosos, concesiones mineras, saqueos del patrimonio natural, importaciones, compra y ventas gubernamentales, y narco-tráfico.

La corrupción de Estado asociada a cúpulas empresariales privadas -protegida por el reinado de una impunidad institucionalizada- es Inherente al poder constituido, absolutamente incapacitado para hacer justicia.

Porque quienes deciden los procesos neurálgicos en la PN, DNCD, Ministerio Público y tribunales son de las mismas “familias” que usurpan mecanismos y funciones vía abusos de poder, fraudes, trampas, sobornos y empleo clientelar del dinero rodado. Constituyen y usan a su favor esos mecanismos y esas funciones articuladas desde el centro del Gobierno y del Comité Político del PLD.
Tan cruda realidad obliga elevar los niveles de movilización hasta que el pueblo en las calles, caminos y plazas (firmas masivas, jornada verde del 22 de febrero, nuevas marchas, movilizaciones nacionales simultáneas) logre crear situaciones que inhabiliten definitivamente el ya acorralado régimen corrupto y corruptor, conformando alternativas que reemplacen el putrefacto poder constituido y abran las compuertas al nuevo Poder Constituyente.