La institución calificó de urgente en esta coyuntura que el presidente Medina ordene la investigación de todos aquellos funcionarios públicos cuyo patrimonio creció en más de un 25% desde el momento en que comenzaron a ejercer la función pública hasta el momento de su última declaración jurada de patrimonio.
El movimiento cívico Participación Ciudadana exhortó al presidente Danilo Medina a anunciar, en el discurso de rendición de cuentas del próximo 27 de febrero, medidas concretas frente a los numerosos casos de corrupción que han permanecido impunes en el país, definiendo los mecanismos de coordinación interinstitucional con el sistema de Justicia para aplicar el régimen de consecuencias a todos los responsables.
Mediante un comunicado, la organización resaltó que es una ocasión oportuna para dar respuesta al caso Odebrecht pero también a los casos de la OISOE, CORDE, el CEA, los aviones Tucanos, el contrato de la CASD y la AAA Dominicana, el INDHRI, el BANDEX (antes Banco Nacional de la Vivienda), y otros que no han sido investigados o debidamente judicializados.
En este sentido, propuso que el Poder Ejecutivo termine todos los contratos que Odebrecht aún ejecuta en el país, así como los contratos aún vigentes con Ángel Rondón y sus compañías; excluya estas empresas de forma permanente del registro de suplidores y contratistas del Estado y las inscriba en el registro especial de proveedores que hayan incumplido con las normas de la ley, como ordena la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley contra el Soborno.
Asimismo, agregó, que debe designar en la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental a una persona con el perfil adecuado que no esté comprometido con ningún partido político; y garantizar la aplicación del Decreto 486-12 que crea la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, comenzando por la disposición en su art. 8 que ordena “entregar cada año un informe financiero, de carácter público, a los funcionarios obligados a presentar declaración jurada”.
Instó al mandatario a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la designación de fiscales independientes para investigar el caso Odebrecht, como lo establece art. 373 del Código Procesal Penal, asignado los recursos necesarios para que puedan contratar auditores forenses que auditen los 17 contratos de Odebrecht, tanto en cuanto a los presupuestos presentados originalmente, como a lo finalmente ejecutado hasta la fecha. Agregó, además, invitar a las Naciones Unidas a apoyar técnicamente los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción y la impunidad.
Estas medidas, sostuvo, han de incluir el sometimiento a la justicia penal a los directores de CORDE y el CEA, al anterior incumbente de la OISOE, a los facilitadores y representantes involucrados en los soborno, así como a todas las demás personas responsables de actos de corrupción ya confirmados, la destitución e investigación del actual director de la CAASD por el contrato con la empresa AAA Dominicana, propiedad de Ángel Rondón Rijo, para el cobro del agua.
La institución calificó de urgente en esta coyuntura que el presidente Medina ordene la investigación de todos aquellos funcionarios públicos cuyo patrimonio creció en más de un 25% desde el momento en que comenzaron a ejercer la función pública hasta el momento de su última declaración jurada de patrimonio. Finalmente, enfatizó la importancia de que el Ejecutivo asuma el compromiso de aumentar significativamente los presupuestos del Poder Judicial y del Ministerio Público, para el año próximo; convoque al Consejo Nacional de la Magistratura y se comprometa a promover el nombramiento de jueces independientes, sin relación y lealtades con los partidos políticos por los últimos cuatro años.
