Abinader afirmó que en su rendición de cuentas Medina se mostró evasivo y reticente ante escándalos de corrupción e impunidad.
El pasado candidato presidencial Luis Abinader afirmó hoy que en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, el presidente Danilo Medina dejó sin respuesta la principal preocupación que tiene hoy la sociedad dominicana, que es el imperio de la corrupción y la impunidad en la gestión pública, y obvió referirse a los más acuciantes déficits que afectan a nuestra población.
Frente a la corrupción y la impunidad y sus secuelas más perjudiciales, que son las acciones desbordadas del crimen organizado y la delincuencia común, el presidente no ofreció las respuestas francas y sinceras que esperaba la sociedad y que le demandó en su alocución del pasado jueves 23, expresó Abinader.
Tampoco se refirió a la dramática afirmación del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, quien planteó el domingo que la corrupción permea a todo el Estado dominicano, situación que toca directamente la responsabilidad del presidente Medina, como jefe de gobierno.
“El Presidente estaba emplazado a dar respuestas serias y anunciar medidas concretas ante los reclamos del movimiento social, de la oposición y destacadas instituciones de la sociedad civil, para que se refiriera a la acumulación de grandes escándalos de corrupción cuyos responsables se mantienen protegidos por la impunidad imperante. La impunidad, es la forma más aberrante de inequidad!”, subrayó en una exposición ante la prensa en un hotel de la ciudad.
Contrastó que la corrupción no es un mal endémico de la sociedad dominicana, como dijo el Presidente. “Se equivoca el Presidente. Es un mal enquistado en un reducido grupo de cleptócratas que han hecho un enorme daño a la nación, y que, además del robo de los recursos públicos, trata de provocar una desmoralización generalizada, vendiendo la falsa percepción de que todo el país es corrupto, que todos somos cómplices y de que todos mentimos.
“¡Eso, simplemente, no es cierto, presidente Medina, esa no es la idiosincrasia ni la conducta de la mayoría de nuestro pueblo!”, puntualizó en la exposición en que estuvo acompañado de dirigentes del PRM.
Un sistema de impunidad
En los últimos tres periodos de gobiernos dirigidos por el PLD, basados en el uso y abuso de los recursos del poder, se ha construido un sistema de impunidad que en la práctica anuló la separación de los poderes del Estado, y eliminó los frenos y contrapesos establecidos por la Constitución y las leyes.
“En gran medida”, especificó, “el Estado dominicano se ha privatizado y quedado a merced de una corporación que lo gestiona en su beneficio particular y el de sus allegados”.
Esa corporación promueve anti valores, sobre todo entre los jóvenes, con el mensaje distorsionado de un consumismo incontrolado y la ostentación de grandes bienes, que empujan al enriquecimiento ilícito y acelerado.
Las consecuencias de la corrupción y la impunidad fueron ponderadas por el Episcopado en su Carta Pastoral del 22 de febrero, alertando que hoy en día muchos jóvenes convierten en paradigmas y modelos de vida a políticos deshonestos, narcotraficantes y delincuentes, señaló.
Tras enumerar los escándalos más sonados de corrupción, que dijo han sido revestidos de impunidad, sostuvo que han provocado un severo déficit de confianza ciudadana en las autoridades, en concreto, en el propio presidente Medina, quien se mostró reticente y evasivo a tomar medidas prácticas y de raíz para parar tan peligrosa hemorragia.
Por sus implicaciones como la más grande estafa hecha al país y porque uno de sus protagonistas claves, Joao Santana, fue asesor de las últimas dos campañas del presidente Medina, el expediente Odebrecht ha detonado un mayoritario empoderamiento ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad.
La mejor evidencia de la inacción de las autoridades es que esos casos han trascendido a la opinión pública sólo a partir de escándalos internacionales o de lamentables tragedias, nunca por iniciativas del gobierno a partir de las obligaciones que le mandan la Constitución y las leyes.
