Por esta razón el Colegio de Abogados convocó a una marcha frente al Ministerio de Educación el lunes 27 de marzo a las 9 de la mañana para que cese la discriminación contra los abogados que participan en los concursos para impartir docencia.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana lamentó que el Ministerio de Educación le cierre las puertas a la comunidad jurídica del país discriminando a los abogados que han cursado la habilitación docente para impartir la Constitución de las escuelas.
Miguel Surun, presidente del gremio, informó que el decreto 310-16 instruye al Ministerio de Educación la incorporación obligatoria de la enseñanza de la Constitución de la República en el sistema educativo dominicano, una disposición que cumple con el mandato de la carta magna proclamada en 2010, que ordena la instrucción cívica y social de los derechos y garantías fundamentales.
Surun Hernández, explicó que la enseñanza de la Constitución es una docencia especializada por lo que solo debe ser impartida por abogados especialistas en el área.
“Lo lógico es que el Ministerio de Educación contrate a profesionales del Derecho que hayan cursado la habilitación docente para esta labor y que los abogados no sean excluidos del proceso”, informó Surun Hernández.
Indicó que en República Dominicana está prohibido cualquier tipo de medida discriminatoria y si a otros profesionales se les permite mediante la habilitación docente optar para impartir docencia porque a los abogados no.
Por esta razón el Colegio de Abogados convocó a una gran marcha frente al Ministerio de Educación el lunes 27 de marzo a las 9 de la mañana para intimar al Ministerio de Educación para que cese el sistema de discriminación contra los abogados que participan en los concursos para impartir docencia, ya que tenemos reportes de que muchos han sido rechazados.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, hizo un llamado al Ministro de Educación para que obtemperé al dialogo y comience a trabajar en favor de la formación Constitucional en la República Dominicana.