El tsunami verde es un movimiento político-social de amplísima diversidad y confluencias, cuya unidad y torrencialidad debe preservarse al compás de profundizar sus contenidos políticos y potenciar su crecimiento y capacidad confrontativa con el poder constituido.
Su presencia y creciente expansión en el escenario nacional crea una oportunidad no solo de conformar una fuerza de contra-poder, sino –si el avance de la conciencia popular y de los sectores medios menos conservadores lo permiten- de crear además una alternativa transformadora a esta institucionalidad decadente y putrefacta.
En su seno hay corrientes, que cónsona con la intuición popular más radical, contribuyen con esa posibilidad esperanzadora; y también existen corrientes que frenan su desarrollo cualitativo.
En ocasión de mi participación en la formidable marcha Santiago-Cibao pude apreciar un significativo divorcio entre lo que percibe en la actualidad y expresa en lenguaje sencillo gran parte del pueblo de “a pie”, y los planteamientos -a veces contradictorios- del MANIFIESTO que elaboraron los componentes del equipo encargado de esa tarea, leído el domingo 26 de marzo frente al Monumento a la Restauración de la República.
Sí, para mí no fue difícil apreciar un fuerte contraste entre la realidad que estamos enfrentando y las correspondientes respuestas que la misma exige, y las demandas concretas que se formularon en ese texto; la mayoría cargadas de la ilusión de crear una situación distinta simplemente demandándole reformas y mecanismos paralelos a los actuales autoridades e instituciones, y presionándolas con las movilizaciones para que acepten vigilantes “independientes” e “imparciales”, sin desmontar esta institucionalidad estatal-dictatorial y el este sistema político que la acompaña.
• El país es una cosa y el poder establecido otra.
La sociedad dominicana está muy maltratada, pero no “deteriorada”.
En verdad esta sociedad “hastiada de sus saqueos y movilizada por sus derechos”, la sociedad dominicana que se expresa hoy participando y respaldando en altísimos porcentajes la Marcha Verde, como en buena medida se reconoce en ese y otros pronunciamientos, no está –repito- “deteriorada”, mucho menos “pervertida”.
Ningún factor dominante tiene posibilidad de lograr tan nefasto propósito con un pueblo de las calidades del pueblo dominicano.
No le atribuyamos al país, a la nación, al pueblo –como hacen no pocos comunicadores y como se coló en ese texto- lo que es propio de la clase dominante-gobernante, del Estado, del gobierno vigente y del lumpen capitalismo que nos han impuesto.
Es el Estado y las elites dominantes lo que se han podrido, fenómeno que tiene un fuerte impacto en la perturbación y perversión de las funciones públicas y en la desarticulación creciente del ordenamiento colectivo.
El partido de gobierno y los componentes de la dictadura institucional que él ha creado son hoy los principales responsables, pero no los únicos culpables de la gran cantidad de fechorías denunciadas; muchas de ellas compartidas también en la historia reciente por el PRSC, PRD-PRM y la caterva de partiduchos sanguijuelas.
No se trata solo de la complicidad del gobierno y una “parte” de la “clase política” en ciertos escándalo de corrupción. Todos los partidos que han gobernados en diferentes niveles y periodos han sido agentes activos de la CORRUPCIÓN y sus dirigentes y empresas conexas han sido los grandes beneficiarios de ella.
Pero además nunca se debe obviar –como lamentablemente hace el Manifiesto comentado- la podredumbre impune que destilan cúpulas empresariales y militares del país, ni la corrupción que carcome las organizaciones corporativas y los cuerpos castrenses que tutelan.
Casos como los de la Barrick, Falcondo, Valle Nuevo, VICINI-Sansouci-Fonper, Bonetti-Antena Latina, Grupo Estrella-Odebrech, Grupo Estrella-García-Capellán-Agripino, así como connotados delitos ambientales, narco-delitos, narco-generales y narco-política, tienen rango para no ser silenciados; más cuando el pueblo indignado lo tiene muy presente.
Sin embargo, curiosamente, nunca son señalados como merecen en determinados comunicados, pues generalmente solo se hace referencia a los escándalos de Odebrech-Punta Catalina, Sun Land, Tucanos y a otros actos de corrupción patrocinados por el PLD; excluyendo a las mineras norteamericanas, a poderosos capitalistas criollos y a dirigentes políticos participantes de la corruptela empresarial y estatal enquistados en los partidos mencionados y conectadas con las operaciones del Estado.
El CONEP, la Asociación de Bancos, la Cámara Americana de Comercio y la Cámara Minera son madrigueras de grandes empresarios corruptos y corruptores que “invierten” en esos partidos y en sus gobiernos para multiplicar fortunas; mientras política, elecciones, seguridad y orden son concebidos como negocios y/o mecanismos de represalias ejecutadas desde gobiernos centrales, congresos, alcaldías, jefatura policiales y militares, DNCD, DNI instalados luego de la invasión estadounidense de 1965.
• “Sociedad civil” de elites y sociedad civil popular.
En cuanto al rol que se le quiere atribuir a la cantaleteada “sociedad civil”, el tema merece distinciones: organizaciones empresariales participes y cómplices de variadas modalidades de corrupción e impunidad se consideran “sociedad civil”, así como cantidad de fundaciones y Ongs que o le hacen el juego a la impunidad o la combaten recibiendo financiamientos espurios y anidando en su seno personas y posiciones conservadoras que responden a intereses de potencias que persiguen manipular el tema a su favor y auspiciar cambios o reformas que poca cosas cambian cuando el sistema que ellas imponen entra en crisis.
Otra cosa son los movimientos sociales y ciudadanos independientes, autónomos. Las organizaciones populares, comunitarias, feministas, ambientalistas, juveniles, campesinas, obreras, sindicales, profesionales, gremiales y de capas intermedias… en lucha contra el gran capital y el Estado a su servicio. Las diversas fuerzas contestarías, el pueblo no partidista pero politizado en combate por su bienestar y las organizaciones de productores, comerciales y de servicio que pugnan por sobrevivir, tienen una connotación totalmente diferente.
Esa no es la sociedad civil de elites comprometidas con el status quo o plegadas a él, que ciertamente participa en espacio de poder y en mecanismos de decisiones.
Es otra cosa. Es la sociedad civil popular y de sectores medios que ha sido excluida y que carece, en consecuencia, de vías institucionales y medios políticos confiables para influir. Su rol es y será extra-institucional hasta tanto no se desmonte este sistema y se mande al basurero estas instituciones corrompidas y pervertidas por partidos y empresarios afines, que junto a sus mecanismos de reciclaje electoral (JCE-TSE y Sistema de Partidos) operan en contra de sus intereses y demandas.
En ese orden procede también superar ambigüedades y generalizaciones que confunden. Los roles deben ser precisados, así como lo que se reivindica hacia fuera y lo que se pacta hacia dentro del movimiento.
• Demandas ilusorias.
En cuanto a las demandas contenidas en el Manifiesto comentado, es una tontería, -consciente o inconsciente asumida- pretender, sobre todo después del discurso del Presidente en la Asamblea Nacional, de la conformación de la Comisión de Agripino, del plan asignado al Procurador al servicio del Poder Ejecutivo para encubrir a los culpables, de las evidencias del contubernio del Leonel Fernández y Danilo Medina con la corruptela de ODEBRECH y otras similares, proponer remiendos institucionales y mecanismos paralelos “independientes” coexistentes con este Gobierno, este Congreso y este Estado.
De ante mano se sabe que ni Danilo Medina, ni Margarita Cedeño, ni el Congreso, ni el Comité Político del PLD (que lo controla y pudre todo), van a aceptar lo que se demanda en ese Manifiesto:
• Una “reforma institucional que facilite una auditoria sobre la organización y las funciones de la Administración Pública y la reestructuración de la Cámara de Cuentas”.
• La “instalación de un Observatorio que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht”.
• La creación de “una Fiscalía Especial General Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes escogidos de manera transparente, sin la intervención del Poder Ejecutivo”.
• Y en el caso de ODEBRECH no han aprobado ni van a aprobar “la suspensión inmediata de las operaciones de la firma internacional Odebrecht, la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas; un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socias locales a favor de las campañas electorales del Presidente Danilo Medina para los periodos electorales 2012 y 2016 y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano; la contratación de firmas internacionales de alta calificación para auditar los costos de todas las obras ejecutadas por ese cartel mafioso para determinar los montos de las sobrevaluaciones y exigir el pago mediante apremio judicial”, amén de que no se bebe confiar en las llamadas firmas internacionales de “alta calificación” vinculadas a los grandes capitales privado, existiendo capacidades criollas confiables.
Esta avalancha verde no debe ser reducida a una “fuerza social vigorosa que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante para que se sujeten a las obligaciones y deberes constitucionales, rindan cuentas y respondan por sus actos u omisiones”, sino fortalecida y ensanchada para desplazar esta partidocracia y esta clase gobernante, podridas e insoportables; y para crear un nuevo orden legal y constitucional.
Ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, ni el policial, ni el militar, ni el gran capital envuelto en esta podredumbre, van a aceptar reformas estructurales democráticas; ni mecanismos de investigación, fiscalización y sanción absolutamente independientes e imparciales, integrados por gente honesta e insobornable que los vigilen. Eso es pura “chachara”.
Eso es una fantasía. Nadie acepta cuchillo contra su garganta.
Esa gente ni renuncia ni cede en cosas que impliquen sus cargos, sus fortunas, su poder de decisión y su libertad. Hay que renunciarlos, hay que bajarlos de esas alturas, hay que investigarlos, procesarlos y trancarlos, quitándolo previamente el poder que detentan.
• Bajarlos para trancarlos.
En el curso de la marcha cibaeña los carteles y representaciones más aplaudidas eran las que demandaban bajar a los gobernantes actuales del poder, trancar los políticos y empresarios corruptos, enjaular a Leonel, a Danilo y a Agripino, tirar al piso el régimen peledeista y echar al basurero a la partidocracia de todos los colores.
En este sistema institucional no hay nada que salvar. Ningún poder del Estado sirve. Hay que refundarlos TODOS.
Ni las mayorías civiles ni las militares y policiales podrán salir de las penurias, del reinado del abuso e impunidad y de las injusticias que padecen, mientras permanezca este orden constitucional y esta dictadura institucionalizada que sustenta y reproduce.
Hay que prepararse para una situación más dura y trascendente que posibilite cambiarlo todo.
Por eso procede elevar progresivamente los niveles de movilización y paralización del país hasta crearle una crisis de gobernabilidad, hasta inhabilitarlos y hacer colapsar las instituciones podridas que le sirven de guaridas y de mecanismos entrelazados para SU IMPUNIDAD, lo que es absolutamente posible si nos mantenemos firmes y unidos.
En perspectiva estas luchas estelares deben contemplar la salida menos traumática y menos destructiva, que es ponerle fin a este sistema institucional en descomposición, establecer un gobierno de transición democrática y organizar un proceso que instale una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA que permita debatir todas las alternativas.
Hay que mirar más allá de la curva y darle un Norte trascendente caribeño a estas luchas.
Esto merece ser discutido con tiempo y ecuanimidad, en el espíritu de incluir y lograr un gran consenso de una gran diversidad patriótica, popular y solidaria movilizada; dispuesta a permanecer unida en las calles –como positivamente concluyen y juran los autores/as de ese Manifiesto- “hasta lograr el fin de la impunidad y la corrupción”, que es a nuestro entender inseparable del fin de este régimen oprobioso.
27-03-2017, Santo Domingo, RD.
