La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (CODOPYME) fijo su posición ante el incremento salarial aprobado el viernes 31 de marzo por el Comité Nacional de Salarios por los representantes de las centrales sindicales y los representantes del sector oficial de un 20% sin reconocer la clasificación de las empresas contenida en el artículo 2 de la ley 488-08, constituye una sentencia de quiebra masiva a nuestro sector.
El presidente de CODOPYME Issachart Burgos manifestó que, al aprobar el aumento salarial sin aplicar la clasificación establecida por ley, una microempresa tendría que pagar un salario mínimo de RD$ 15,500.00. ¨Eso para los micro y pequeños eso sería insostenible, por ejemplo; ¿cómo cumple con este aumento una pequeña sastrería o un pequeño comedor? Con esta disposición solo lograremos el cierre de muchos negocios por insostenibilidad económica o demandas laborales y por ende, aumentaría el desempleo, ya que los micro y pequeños negocios son los que mueven la economía y generan la mayor cantidad de empleo en las comunidades donde se encuentran¨.
Es lamentable que el ministro de trabajo en su rol de árbitro entre las partes tomara una posición parcializada, negándose a cumplir con lo establecido en la ley 488-08 y que venimos reclamando su aplicación desde hace 9 años, cuando fue aprobada dicha ley.
Reiteramos nuestra posición de no estar en contra del reajuste salarial, aunque un 20% nos parece desproporcionado y más aún su aprobación se hace utilizando parámetros ilegales para clasificar el tamaño de las empresas.
Nuestra institución tiene como única opción a recurrir a un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, para que mediante sentencia el Ministerio de Trabajo reconozca nuestros derechos de seguir aportando al país Dos Millones (2, 000,000) de empleos y un 40% al PIB con los casi Ochocientos Mil (800,000) hombres y mujeres emprendedores que de sol a sol abrimos nuestras puertas esperanzando y soñando con un país donde un día todos vivamos bajo un imperio de leyes justas, transparentes y sin impunidad ni privilegios.