El señor Radhamés Segura, en su calidad de miembro del Comité Político del PLD, en declaraciones públicas, hizo un llamado a sus pares del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, a que tomen la unidad del partido como eje cardinal que les permita continuar en el poder por mucho tiempo, en caso contrario, promete dicho ingeniero, que la salida del poder será el castigo que la población impondrá al partido de la estrella amarilla.
Con dicha opinión, el señor Segura sigue hablando y actuando conforme a criterios ya obsoletos, esto es: pretende que las diferencias que existen en el Comité Político motivadas en diferencias concernientes a la forma de abordar problemas como la corrupción administrativa, la democracia interna, y el plan de nación que desarrolla el partido de gobierno, sean objeto de acuerdos intra comité político. Cuando por el contrario, otros de sus pares, como Felucho Jiménez, por ejemplo, es partidario abierto de que se determine quienes han mancillado el honor del partido con actos dolosos y que esa gente pague su deuda con la sociedad.
Entendemos que ambos tienen razón en sus planteamientos pero ambos saben que para que sus respectivos puntos de vistas sean acogidos deben convencer tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández de las bondades de sus planteamientos, pues, se ha llegado, en el partido de gobierno, al punto de que existen grupos, si bien en capacidad de concertar acuerdo, con posiciones encontradas sobre los objetivos originales de dicho partido, también en capacidad de hundirlo. Es el caso que Felucho y Radhamés, coinciden en que de no asumirse una postura responsable, como es la tradición del PLD, dicho partido puede perder no solo su esencia sino el poder político. De ahí las preocupaciones que embargan ambos. Pero el asunto va más allá de dichas opiniones va hasta la propia Constitución de la República, puesto que los partidos tienen tareas específicas constitucionalmente establecidas en el Estado Social y Democrático de Derecho que proclama el artículo 7 de la misma.
Por cuanto, entendemos que más que planteamientos sobre el cómo seguir haciendo lo mismo pero con retórica diferente, el PLD, debe abocarse a convertirse en el partido de la modernidad dominicana, esto es: a cumplir pura y simplemente el mandato constitucional del artículo 216 de la Constitución, el cual señala que la democracia interna y la transparencia son obligatorias en los partidos políticos, dice: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.”
A nuestro juicio dicho articulado contiene un programa que no debe ser soslayado por intereses de grupos, por tanto, el PLD está en la disyuntiva de cumplir los objetivos programáticos que la Constitución pone a cargo de los partidos políticos, o pasar a ser historia, pues si el PLD no es capaz de ponerse a la altura del momento histórico que vive el país, podría ser barrido del escenario político dominicano junto al sistema departidos. Esto así porque es el único partido real con que cuenta el país, los demás, son partidos bisagra, lo que implica que una crisis en el PLD será una crisis del sistema de partidos, no porque sea el partido en el gobierno, pues todos lo están, sino porque la ciudadanía dejará de creer en dicho partido y como es ya un partido único, la debacle sería el futuro de los partidos políticos.
Pero como están en juego el interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana, su responsabilidad es mayor. Pues, en caso de no cumplir ni actuar conforme al mandato constitucional, volveríamos al punto de Felucho, esto es: a que todo el sistema de partidos quedaría en manos de la justicia constitucional como de la justicia común, pues no podrían frenarse los males de hoy: corrupción, ausencia de democracia interna y el plan de nación. Es decir, o se sacrifican unos pocos o todos perecemos. Esa es la consigna de Felucho que Segura quiere que sea consensuada al interior del comité político y que Franklin Almeyda quiere prueba como si se tratase de un asunto meramente legal. Pero para llegar a ese punto, se hace imperiosamente necesario, que tanto Fernández como Danilo, actúen con las responsabilidades que cada uno detenta, uno como Presidente del Partido y el otro como Presidente de la República. La nación se encuentra en un momento estelar en que existen condiciones objetivas y subjetivas que posibilitan un gobierno de unidad nacional en torno a un programa donde partidos políticos irradiados de los objetivos constitucionales que les conciernen, actúen conforme al mandato constitucional que descansa sobre sus hombros. Por tanto, la voz de Felucho es muy válida hoy y la de Segura requiere más arrojo, pues el todo es siempre mayor que sus partes. DLH-2-4-2017