El Gobierno no puede ver en el problema del vertedero de Duquesa un conflicto entre particulares que deben resolverlo por las vías establecidas, sino que su obligación es tomar medidas para evitar que esa situación desborde el ámbito de los actores involucrados.
Hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido muy tímido en su acción para ayudar encontrar vías de solución a un problema potencialmente explosivo en términos de salubridad, lo mismo que el Ministerio de Salud Pública que vendría ser el más impactado en la eventualidad de que la cuestione degenerase en una catástrofe sanitaria.
Una intervención de estos organismos no podría verse como una intromisión en un conflicto ajeno a su competencia, en razón de que el cuido de la salud de todos nosotros es responsabilidad y la sanidad ambiental es responsabilidad del Estado.
La capital de la República tiene experiencia de intervenciones directas del Gobierno en la solución de problemas entre el Ayuntamiento y particulares, si bien en la ocasión a que aludimos no había de por medio una empresa privada alegando derechos.
Nos referimos al momento en que problemas internos desbordaron la capacidad del Ayuntamiento del Distrito Nacional para mantener el aseo de la ciudad, ocasión en la cual el entonces presidente Antonio Guzmán encargó el trabajo al Ejército Nacional. En cuestión de días la capital estaba limpia.
Quizá no sea necesario llegar a esos extremos, pues las circunstancias no son las mismas. Pero en la medida en que se agudizan las confrontaciones entre los Ayuntamientos que vierten y la empresa que gerencia el vertedero—o más bien el basurero o simple depósito de desperdicios sólidos sin ningún rigor—en esa misma magnitud aumentan los riesgos para la salud y se incrementan también las responsabilidades que deben asumir las autoridades para evitarlos.
Es oportuno aprovechar este conflicto para resaltar el hecho de que nuestro país es probablemente de los últimos de su nivel de desarrollo donde la basura y su manejo se constituyen en un problema, ya que hace muchos años que en otras latitudes eso dejó de ser una dificultad para convertirse en una oportunidad para la generación de recursos.
Se logró mediante políticas de Estado que establecieron que a través de la basura se iba a generar energía eléctrica, producir fertilizantes orgánicos y combustibles, generando a su vez ingresos para miles de personas que trabajan en las diferentes etapa de ese proceso.
Sin embargo, los intereses políticos y económicos coaligados de manera permanente, han impedido que en la República Dominicana la basura haya dejado de ser un problema para convertirse en una oportunidad de negocio. Ojalá haya llegado ese momento.
