En el documento leído al final del recorrido nacional que los activistas de marcha verde hicieron por las calles de San Francisco de Macorís, acompañados de una multitud recolectada en autobuses en todas las provincias del Cibao y el Gran Santo Domingo, quedó plasmada la advertencia de que esas manifestaciones pueden degenerar en acciones violentas:
“Advertimos al gobierno, al PLD y a los actores de poder que procuran mantener el actual régimen de impunidad, que el desconocimiento del reclamo pacífico de justicia levantado por la ciudadanía a través de las movilizaciones verdes, podría convertirse en rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada”.
No se trata de una temeridad que pueda tomarse a la ligera, porque si bien es cierto que sus respuestas violentas están condicionadas a que sean desatendidos los reclamos de justicia, resulta que está claro que ellos no asumen como tales las diligencias que ha estado encaminando el Ministerio Público para determinar quiénes fueron los otorgantes y beneficiarios del soborno de 92 millones de dólares que Odebrecht dice haber repartido en la República Dominicana durante 14 años.
Brasil que ha sido quien más lejos ha llegado en esas indagatorias que se desprendieron de una investigación mayor, caso Lava Jato, ha tenido en los acuerdos de delación premiada un valioso aliado para descubrir la trama y perseguir a todos los implicados, que es lo que ha hecho la República Dominicana al pactar con Odebrecht un resarcimiento económico por el máximo de lo establecido en la Ley de Sobornos, a cambio de que la empresa también acceda a ofrecer toda la información en su poder sobre el tema investigado y autorice que la justicia brasileña la haga participe de todas las informaciones ofrecidas por los delatores bajo convenio de lenidad.
En el país se habían producido defraudaciones mucho mayores y nunca habían derivado en compensaciones semejantes, sin renunciar a investigar y someter a la acción de la justicia a todos los implicados, excepción de los ejecutivos que han sido procesados en Brasil, no por efecto del acuerdo, sino por el principio de que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo hecho.
Los que amenazan con propiciar “la peor catástrofe jamás pensada”, han pedido la renuncia del Procurador General; satanizado el acuerdo con Odebrecht sin importarles que hayan tenido que adobar sus argumentos de mentiras; quieren la designación de dos fiscales al margen del ordenamiento constitucional y paralización de los trabajos de las termoeléctricas de Punta Catalina, reclamos “de justicia pacífica”, en los que no podrán ser satisfechos porque las reglas del debido proceso no son las de la arenga desestabilizadora.
El país sensato, el de la inmensa mayoría de los dominicanos, se ha percatado del perverso interés por arrastrar la figura del presidente de la República hacia un escándalo del que no es parte y que ha ordenado investigar hasta las últimas consecuencias, actuando con la prudencia que corresponde porque quienes deben responder por sus actos, son los que estén involucrados y no miles de empleados que lo único que han hecho es aportar su talento y capacidad de trabajo para beneficio de sus familias y del país.
Los dominicanos tenemos muchas carencias y un gran camino de fortalecimiento institucional que pasa por sanciones ejemplarizantes a los actos de corrupción, pero los que quieren arruinar una de las principales riquezas del país, su estabilidad política y social, bordean el desquicio.
