Abogados y familiares del empresario turístico Armando Casciati denunciaron que la Dirección General de Migración ha desacatado dos sentencias judiciales del Tribunal Superior Administrativo a favor de su cliente.
El abogado José Enrique Alevante censuró el maltrato y la violación de los derechos de su cliente pese a que fue favorecido por la sentencia 0023-2014, de la Primera Sala del tribunal Superior Administrativo y la sentencia 0063-2014.
Recordaron que al tener estas sentencias su cliente se dispuso regresar al país el 19 de febrero pasado por el Aeropuerto las Américas Peña Gómez, en un vuelo desde Miami, hizo su migración correctamente, no existía ningún impedimento de entrada al país, su pasaporte fue sellado por el inspector de Migración y de inmediato se puso al frente de sus negocios haciendo su vida normal y empresarial.
Sin embargo, el pasado domingo 7 de mayo, cuando se disponía a salir a Italia a una reunión de negocios y donde se disponía a recibir un reconocimiento por una institución en su país de origen, fue detenido por un oficial de Migración bajo el alegado que tenía un impedimento de salida del país.
Alevante dijo que resulta sospechosa la persecución de la Dirección de Migración, porque si no tiene impedimento de entrada, y no tenia registros alguno, porque lo retienen y lo deportan en horas de la noche del martes 9 de mayo pasado, sin tener ninguna decisión judicial que haya levantado el impedimento de entrada.
Dijeron que, desconociendo e irrespetando una disposición judicial, las autoridades de Migración se niegan a restituirle al empresario Casciati su carnet de residencia y cualquier impedimento de entrada al país de Armando Casciati.
Las mismas sentencias ordenan a la Dirección General de Migración a entregar todos los documentos que acreditan su status migratorio de residente permanente en el país, sin ser molestados en ninguna de las instituciones estatales que requiera sus identidades, como son la Junta Central Electoral.
“La Dirección General de Migración se ha negado a cumplir la Sentencia 0023-2014, del Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo y ratificada en la sentencia 0063-17, de fecha 7 febrero 2017 del mismo Tribunal, para permitirle el ingreso al país luego de comprobarse de una deportación ilegal, y violatorio a los derechos fundamentales del ciudadano italiano Armando Casciati”, añadieron.
Alevante explicó que el 25 de julio del 2014, Casciati fue despojado de manera forzosa de su residencia dominicana y deportado a su país, violando el debido proceso y sin haber cometido ninguna violación que riñas con las leyes dominicana, ni en ningún otro país.
Dijo que a pesar de tener dos sentencias a su favor, la primera la No. 0023_2014, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, suspende el Acto de Declaración de permanencia ilegal, orden de detención y deportación de Casciati, ratificada también en el pedimento de revisión a pedido de la Procuraduría General Administrativa en el mismo tribunal mediante la sentencia No. 0063-17, quien rechazó el pedimento.
Explicó que la sentencia 023-14, acogió las solicitudes de los abogados de Casciati en la que ordena a Migración Ministerio de Interior y Policía levantar cualquier impedimento de entrada a la República Dominicana de Armando Casciati y obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el ingreso al país en un ambiente de armonía y seguridad.
También los obliga a abstenerse de ejecutar cualquier tipo de maniobra formal o de facto, que impida la presencia pacifica y libre de Casciati en territorio dominicano. Y además abstenerse a comunicar a otras instancias del gobierno JCE, MIREX, que pudiera afectar las identificaciones y documentos del empresario turístico en el país.
Asimismo la sentencia en su artículo Cuarto: ordena que la presente sentencia sea ejecutoria inmediatamente obstante cualquier recurso que pudiere interponer en contra del mismo.
Los abogados expresan que a pesar de que las autoridades de Migración y Ministerio de Interior y Policía, tener en sus manos estas sentencias y los abogados de Casciati solicitar en reiteradas ocasiones su cumplimiento para que su defendido pueda entrar al país y continuar al frente de sus empresas en Sosua, Puerto Plata y Monte Cristi, ellos no cumplen ocasionándole daños morales y económicos a su cliente.
