El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que persigue proveer al Estado de herramientas actualizadas para el tratamiento y el combate eficiente en el sistema judicial, económico y de defensa a la integridad de la nación ante dichos flagelos, y que condena a los que incurren en ese delito a penas que van desde 10 a 40 años y desde 200 a 400 salarios mínimos.
La normativa modifica la Ley No. 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, fue estudiada por las comisiones de Seguridad y Defensa Nacional, además por la de Justicia y Derechos Humanos, que escucharon opiniones de diferentes sectores.
El senador por la provincia Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, presentó al pleno el informe favorable al pleno de la Cámara Alta de la iniciativa que fue sometida por el Poder Ejecutivo.
El primer considerando de la pieza legislativa expone que la República Dominicana es signataria de la convenciones intenciones que ha sido promovidas para homogenizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de las fenómenos delictivos de naturaleza transnacional.
Establece el proyecto que la convección de Naciones Unidas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convección de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.
La ley índica en su artículo cuarto establece que la Constitución de la República dispone en su artículo 260 que de alta prioridad nacional en materia de seguridad y defensa el combate a las actividades criminales transnacionales que dispongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
Asimismo en el artículo séptimo, dice que con posterioridad a la entrada y vigencia de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional, se tomará en cuenta el monitoreo universal sobre la manera a través de las cuales la delincuencia organizada transnacional trata de eludir las reglamentaciones dictadas para la prevención y detección del lavado de activo.
El proyecto refiere en su artículo 24 que cuando una persona sea condenada por violación a la presente Ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Asimismo se describe en el párrafo II que cuando las propiedades obtenidas o derivadas directa o indirectamente, de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de de forma ilícita, el decomiso de estas será ordenado por el valor de los bienes producto o instrumentos del delito.
Analistas explicaron que el objeto perseguido por el lavador en esta etapa es legalizar cuantiosas sumas en efectivo generadas por la actividades delictivas, utilizando mecanismos a través de contrabando de dinero en efectivo, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, tales como estaciones de combustibles, restaurantes, supermercados, etc.; entidades financieras; “establecimientos financieros no tradicionales; compra de bienes de alto valor; entre otros.
Las comisiones senatoriales de Defensa y Seguridad Nacional y de Justicia y Derechos Humanos del Senado analizaron el proyecto y los compararon con legislaciones de países del área con la del país para enriquecer la iniciativa.
Sesión para el viernes
El senador Charles Mariotti, pidió al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que en vista de que la iniciativa tiene plazos fatales, ya que organismos internacionales y financieros, están requiriendo la aprobación del proyecto.
En tal virtud, sometió la moción de que en vista de que no fue declarada de urgencia la iniciativa, se convoque a sesión para el viernes para conocerlo en segunda lectura.
Para que dieran su versión sobre el proyecto, fueron invitados funcionarios, civiles y militares, así como representantes de la sociedad civil, empresarios y banqueros.
Ratifican senadores
El Senado ratificó los nombramientos como embajadores de Alberto Emilio Despradel Cabral, en la República de Haití, y del señor Briunny Garabito Segura, en Canadá, designados mediante decretos por el Presidente Danilo Medina.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Prim Pujals, pidió la pleno liberar de ir a comisión las designaciones, y sometió la moción de que el pleno conociera el contenido del mismo en la sesión de hoy y procediera a ratificar los nombramientos por ser personas conocidas en el mundo diplomático.
