Santo Domingo.-El Senado aprobó este viernes en segunda lectura y con modificaciones en sesión extraordinaria, el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No. 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas”, de 2002, depositado por el Poder Ejecutivo.
La pieza legislativa fue liberada de lectura a solicitud del senador Manuel Paula y aprobada a unanimidad; por lo que ahora pasa a la Cámara de Diputados.
El pleno aprobó modificaciones a los artículos 2; 33; 36; 38; 67; 100 y 101 del proyecto, las cuales fueron sometidas por el senador Charlie Mariotti Tapia.
La iniciativa establece en su artículo 4, que la Constitución de la República dispone en su artículo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.
El artículo 24, indica que cuando una persona sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
Asimismo, describe en el párrafo II, que cuando las propiedades obtenidas o derivadas directa o indirectamente de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma ilícita, el decomiso de estas será ordenado solo por el valor de los bienes producto o instrumentos del delito.
La iniciativa señala en su primer considerando que la República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional.
El proyecto cita, la Convección de Naciones Unidas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convección de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.
