Por Paúl Collado Vásquez.-
La corrupción gubernamental en la República Dominicana tiene un impacto corrosivo en la sociedad, que afecta de manera sensible la confianza de la población en los funcionarios que ocupan cargos en la administración pública, por la falta de normas éticas en estos servidores públicos.
La corrupción administrativa hay que verla como un abuso de confianza de los funcionarios para beneficiarse personalmente, muchas veces en complicidad con sector privado.
Tanto organismos internacionales, como sectores de la sociedad civil de diferentes países expresan su preocupación con el tema de la corrupción. Tal ha sido el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el Documento de Análisis del Personal Técnico titulado “La corrupción: Costos y estrategias de mitigación”, que se publicó a principios de este año, hacen un llamado a las naciones desarrolladas o en desarrollo, por la gran cadena de casos de corrupción de alto nivel que está sembrando la intranquilidad a escala mundial.
También ha expresado su preocupación ante el ascenso creciente de la corrupción, la que puede minar gravemente la capacidad de poder generar un verdadero desarrollo económico, y que por tal motivo, les plantean a los gobiernos, la necesidad de realizar acciones dirigidas a combatir este mal social que nos afecta a todos.
Es bueno resaltar aquí que el costo directo de la corrupción, económicamente hablando, lo podemos cuantificar, pero los costos indirectos son mayores y más nocivos para la sociedad, perjudicando los niveles de crecimiento de la economía y aumentando la desigualdad social.
El FMI estima que el soborno a escala mundial tiene un costo anual de entre USD 1,5 billones y USD 2 billones, alcanzando la cifra aproximadamente de un dos por ciento (2%) del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.
En los actuales momentos América Latina está viviendo el escándalo de corrupción más grande registrado en la historia de la región, sobre el sistema implementado por PETROBRAS en Brasil, sobornando a dirigentes políticos y funcionarios, además, la sobrevaluación de obras, ejecutadas por la mayor constructora de infraestructura ODEBRECHT, que se realizó en los principales países del Continente. La operación "Lavajato" descubrió que dicha empresa brasileña, tenían montado una mafia que alteraba los substanciosos mercados de negociación de la asociación petrolera.
La Justicia estadounidense acusó en diciembre de 2016 a la constructora brasileña de realizar sus negocios en Latinoamérica pagando sobornos de forma sistemática, usando para las mismas, transferencias a través de la banca en Estados Unidos y países de Europa.
ODEBRECHT se declaró culpable frente a la Justicia de Estados Unidos, Suiza y Brasil, admitiendo que pagó la suma de U$788 millones en sobornos desde 2001 en países como Venezuela, Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, México, Argentina, y otros.
En lo que respecta a la República Dominicana, la empresa aceptó haber pagado la suma US$92 millones en sobornos, siendo el segundo país que recibió el mayor volumen de dinero, realizando un acuerdo con la Procuraduría de la Nación en pagar como indemnización al Estado dominicano el duplo del mismo, ascendiente a la suma de US$184 millones. Además, se comprometió a proporcionar los nombres de los involucrados en los sobornos.
Insistimos que la corrupción administrativa es el principal problema que enfrenta la sociedad dominicana, asombrándose de la magnitud de las infracciones cometidas por los funcionarios de la administración pública, como desfalcos, sobornos, tráfico de influencias, nepotismo, contratos dolosos o grado a grado, entre otros.
Estos hechos de depredación de las finanzas públicas, han alcanzado en las últimas décadas dimensiones exageradas, donde la voluntad política para ser frente a la misma ha sido tímida y en muchos casos se ha convertido en cómplices del saqueo del erario, esto combinado con la ineficiencia de nuestras autoridades judiciales, para sancionar a los autores de dichos delitos, permitiendo así un enriquecimiento ilícito en sus funciones.
Combatir la corrupción sugiere, la necesidad de asignar prioridad a la transparencia, el Estado de Derecho y la eficacia de las instituciones un anhelo exigido por una nueva generación critica, que ve como las actuales autoridades están enredadas entre las patas de los caballos con dicho tema y esperan respuestas contundente, apelando aquel dicho popular de que “La justicia tarda, pero llega”.
