La lección arrojada por el debate generado por las modificaciones introducidas por el Senado de la República a la ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, es una demostración de que una línea estratégica de comunicación bien articulada evita que sectores interesados en impedir que el delito fiscal se adicionara a los crímenes antecedentes al lavado de activos, impusieran a la sociedad un relato distorsionado sobre esa legislación.
Si se convierte en ley será uno de los mayores avances contra el crimen, la lucha contra la corrupción y su principal aliada: la impunidad.
Para que se configure el lavado de activos tiene que haberse producido un delito previo que de origen a los fondos que han de ser blanqueados, uno de los más comunes es el narcotráfico, y desde que fue aprobada la ley en junio del 2002, han surgido nuevas infracciones que no estaban contempladas como delitos previos y se han añadido algunas viejas que en el pasado no estaban en los estándares, como el delito fiscal y la corrupción. Súmenseles los delitos medioambientales, la pornografía infantil, la adulteración de alimentos y comidas, entre otros tantos más.
El empresario que se roba el dinero que debe pagar de impuestos es tan ladrón como el funcionario que se enriquece malversando fondos públicos, ambos se están robando el bienestar de la sociedad.
El Senado hizo las aprobaciones el viernes y todo el fin de semana se quiso proyectar la idea de que lo que se había experimentado era una trapisonda más de la corruptela, que el poder de los empresarios que manejan bancas de apuestas deportivas y de lotería se había hecho sentir con sus legisladores para dejar a ese sector fuera de los alcances de la Ley de Lavado de Activos, que esas actividades se habrían blindado de impunidad.
Y nada más alejado de la verdad, porque la iniciativa de excluir momentáneamente a esas bancas como sujetos obligados no financieros no partió de ese sector ni de legisladores dedicados a esa actividad, fue una recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), porque los sujetos obligados tienen que hacer debida diligencia ante sus clientes para determinar la procedencia de los fondos que usan para hacer sus apuestas o jugar sus números, y eso es de precaria aplicación en esas entidades, con el agravante de que la República Dominicana pasa por un proceso de evaluación en que ese tema les provocaría una calificación muy perjudicial para gestionar empréstitos y ser beneficiadas de programas de apoyo financiero de organismos multilaterales.
Pero el hecho que no se obligue a bancas de apuestas y loterías a llenar un formulario de cada cliente, no significa que si en esas entidades se detectan operaciones sospechosas, sus propietarios y manejadores no estén expuestos a todos los rigores de la ley.
Las cooperativas que reciben depósitos del público y comercializan financiamientos, con la nueva ley tendrán que estar sujetas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y tendrán que reportar las operaciones cuestionables ante el ROS, Reporte de Operaciones Sospechosas.
Con la ley actual se penaliza el blanqueo de dinero con condenas de 5 a 20 años y pagos de 50 a 200 salarios mínimos. Lleva mínimo de penas a 10 años e incrementa el mínimo de salarios de 200 a 400.
RD se pone al día en la persecución de lavados, pero hay que reclamar lo imposible para que no se avance.
