En rueda de prensa ofrecida esta mañana el procurador general de la República Jean Rodríguez, luego del arresto de varios vinculados al caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, el funcionario dijo que estará a la espera de que la Justicia cumpla con su parte.Anunció que pidió medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva para los 14 acusados.
En la comparecencia pública el funcionario explicó todo el proceso de investigación emprendido por el Ministerio Publico para dar con las personas, funcionarios públicos y legisladores, vinculados a la trama de corrupción que lideró Odebrecht en República Dominicana que por el momento vinculan a unas 14 personas. Los acusa de soborno, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Por el caso fueron apresados en la mañana de este lunes el ministro de Industria y Comercio, Temistocles Montás, el ex ministro de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa; Andrés Bautista, ex presidente del Senado; Radhamés Segura, es administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE) al igual que Cesar Sánchez.
Otros implicados son Ángel Rondón Rijo (identificado como el intermediario para los sobornos), Bernardo Antonio Castellanos; Conrad Pittaluga Enrique Arzeno, el exministro de Inapa, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Máximo Leonida de Óleo Ramírez, y el vocero del bloque de diputados del PRD, Ruddy González.
Tres legisladores, Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, fueron acusados y el procurador solcitó al Congreso Nacional que le sea retirada la inmunidad a los tres.
Los implicados habrían recibido sobornos por 92 millones de dólares pagados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y legisladores para adquirir contratas de obras públicas. A todos ellos el juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia emitió las órdenes de detención.
El procurador explicó que cada una de estas personas están siendo sometidas a la Justicia con expedientes sólidos y bien instrumentados, por haber cometido presuntamente, y en mayor o menor gravedad, todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Señaló que estas infracciones están consignadas en los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Explicó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la declaración de complejidad judicial, lo cual permitiría al Ministerio Público tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones.
Señaló que desde que se pusiera en marcha la investigación, el 26 de diciembre pasado, han trabajado en la investigación más de veinte especialistas dominicanos en distintas áreas, en colaboración con el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Procuraduría no descarta que de esa investigación puedan derivar otros delitos o imputados.
En su declaración pública, Rodríguez reiteró el compromiso de poner toda la información de este caso a disposición de cualquier ciudadano tan pronto como las circunstancias lo permitan.
Además, ha afirmado que la magnitud del caso “no nos amedrenta. Por el contrario, nos da energías renovadas y vigor para seguir trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Reveló que la Procuraduría por primera vez ha puesto a disposición de la ciudadanía un nuevo servicio y espacio específico en la página web de la institución para que cualquier ciudadano o ciudadana, con garantía de anonimato, pueda denunciar casos de soborno, corrupción y otros delitos de la Administración Pública.
El procurador general afirmó que “hemos llegado a esta batalla con la confianza de estar haciendo lo correcto y con la tranquilidad de estar cumpliendo nuestra labor con la máxima responsabilidad”, al tiempo que invitó a la ciudadanía a ser “parte activa de este proceso histórico”.
En su declaración pública, el procurador ha vuelto a renovar su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad: “Pueden estar seguros, este procurador solo está comprometido con la Justicia y con el pueblo dominicano. Y esos dos compromisos son ahora más inquebrantables que nunca”.
Odebrecht admitió ante la Justicia estadounidense en diciembre de 2016 que pagó US$788 millones en sobornos en 12 países para asegurar contratos públicos. De este monto, unos US$92 millones fueron entregados en la República Dominicana entre los años 2001-2014.
