El dirigente del PLD considera que se debe dejar actuar a la justicia para evitar que el daño no sea mayor al que se busca corregir
Franklin Almeyda, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, revela este día que lo que se ha hecho con los 14 encartados ante el Juez de Instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia es una mezcla llena de prejuicios.
El jurista, dirigente político es de opinión que no puede suponerse litispendencia relacionando la sobrevaluación con el lavado, financiación electoral, declaración jurada incrementada y el soborno.
Almeyda manifestó que al mezclarlo todo la Procuraduría General de la Republica está creando agravios innecesarios y daña la moral, por igual, sin haberse separado la responsabilidad individual de cada uno. “El debido proceso empieza con las garantías procesales, debiendo ser específico en la acusación” apunta Almeyda en un artículo titulado “El daño moral está hecho”, publicado en Vanguardia del Pueblo Digital” y referido por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
“Por ejemplo, no es lo mismo haber recibido recursos económicos para campaña electoral, que las otras situaciones señaladas. La financiación electoral no es un delito penal, las otras pueden serlo”, señala Almeyda.
El abogado y dirigente político explicó que en la declaración jurada se invierte la prueba y el afectado debe probar el origen en el incremento de sus ingresos y que relacionarlo con los demás delitos indicados es presumir culpabilidad en aquellos sin haberle dado la oportunidad de probar su inocencia.
“Confundir soborno con financiamiento electoral e incremento en la declaración jurada, es un prejuicio incriminatorio que violenta la presunción de inocencia de un imputado”, aclaró.
Refiere que entender que hubo sobrevaluación por las adenda a los contratos, sin haberse ordenado una auditoría técnica que reflejara la improcedencia de esas adenda a los contratos, para entonces presumir que hubo soborno, financiamiento electoral, lavado e incremento en la declaración jurada, es una torpeza propia del que entra en el juego político mediático para complacer el morbo y no la de hacer justicia.
Almeyda subraya que si hubo incremento en la declaración jurada y puede el imputado probar el origen legítimo o si lo suyo fue financiamiento electoral, que no es delito penal, cómo deshacer la fama de lavado, soborno o sobrevaluación. “Si al realizarse una auditoría técnico profesional, ojala sea por empresa internacional acreditada, no se comprueba sobrevaluación, de qué manera probar fraude al Estado, lavado o soborno”.
Entiende que estamos en presencia de una clara violación al debido proceso y sus garantías constitucionales y legales. Se trata de una actuación para acallar, no para juzgar. “No se trata solo de los cinco del PLD, sino de todos. Todos tienen derecho a un juicio precisando sus agravios. Todos son inocentes hasta ser juzgados. Se debe dejar actuar a la justicia para que por presión, el daño no sea mayor al que se busca corregir”, destacó.
