Dos figuras simbólicas para el Partido de la Liberación Dominicana y el Gobierno en distintas esferas, se han visto involucradas en cuestionamientos que han sido manejados de manera muy perjudicial para la imagen de la administración del presidente Medina y del PLD, la referencia es a los casos de Diandino Peña y Juan Temístocles Montás.
Al primero, icono de eficiencia, 48 horas después de haber sido objeto de una celada en la que se le persuade de conceder una entrevista bajo el señuelo de narrar su trayectoria y se le sorprende con un interrogatorio sobre una investigación multinacional relacionado con el patrimonio empresarial de su familia, que no se había preparado para responder, se le llamó a una reunión en las oficinas del 911 para que escoja entre cuchilladas o tiros: renuncia o destitución.
La renuncia era inculpamiento y la destitución condena, ambas implacables para una persona que por lo que ha representado, merecía que se le permitiera defenderse, aunque posteriormente el presidente lo sustituyera del cargo.
La actuación lució inusual porque en el país todas las semanas se denuncia, juzga y condena en un paredón mediático a algún funcionario, y la línea no ha sido demostrar que eso provoque su destitución.
En segundo lugar, Diandino pudo haber violado la Ley de declaración jurada presentándose como una persona desvinculada del patrimonio que generó, pero no lo hizo con la intención de defraudar al Estado, engañar a la sociedad o evadir impuestos, sino que viviendo en una etapa de la vida en la que entendía que debía andar ligero de equipaje se desprendió de todo y lo organizó de un modo tal que puede cerrar los ojos el día que Dios disponga sin dejar una situación de conflicto en una familia compuesta por cuatro líneas sucesorales devenidas de igual cantidad de matrimonios.
De dueño de todo, pasó a la exclusiva función de administrador, eso ocurrió porque además a partir de la Constitución del 2010, Artículo 148 y la Ley de Función Pública el funcionario se hace solidario con su patrimonio de los daños acarreados a terceros por la institución que dirige.
Pero había otra razón por la que no hacer causa alegre al levantamiento de sospechas perversas sobre patrimonio familiar de Diandino: en 1996 cuando el PLD llega al poder su fortuna era de las más conocidas, si se contribuye a que la arrope un manto de deslegitimación, peor se pensará de otros funcionarios poseedores de grandes patrimonios que escapaban al dominio público. El daño Diandino se expande inevitablemente a otros.
El aparatoso operativo que fue a capturar a su residencia como delincuente peligroso a Juan Temístocles Montas, y la absurda coerción que le fue dictada, no han sido solo contra un ministro del Gobierno, el apresado y presentado ante las cámaras como un corrompido, no solo es de los políticos de más sólida formación que tiene el país, sino un referente ético del ejercicio público.
Su fusilamiento moral tiene efectos catastróficos sobre la imagen de todo el que desempeña una función de Estado, si Juan Temístocles Montás , renegociador de la deuda externa del país por miles de millones de dólares; impulsor del proceso de capitalización de la industria eléctrica, ha salido de responsabilidades de tal magnitud sin que se le pegara un peso, necesitando un empleo para poder sostenerse, si ese hombre al que nadie puede señalar con actuaciones en beneficio propio es un corrupto, no hay funcionarios serios.
