Santiago, 23 de junio de 2017. En la conferencia “La Corrupción de Odebrecht, Propuestas para Enfrentarla”, realizada hoy en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, Eduardo Vega Luna, ex Defensor del Pueblo del Perú y ex Presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, resaltó la importancia de las movilizaciones ciudadanas que se están dando a lo largo de toda la República Dominicana como un aspecto esencial para poner fin a la corrupción y la impunidad.
En el acto, organizado por el Centro Bonó, CEFASA, Somos Pueblo, Masada, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Centro Juan XXIII y el Comité de Santiago por el Fin de la Impunidad; participaron un selecto grupo de personas, todas ellas unidas para detener la corrupción y que se adopten medidas para la prevención y sanción de los delitos contra el patrimonio público. Para los presentes en el evento, el gran reto consiste en un desempeño independiente, imparcial y soberano del poder judicial, del Ministerio Público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas públicas.
Para los organizadores, una gran preocupación es “la complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluación y sobornos, como son los casos de Odebrecht, los tucanos, la Sun Land, OISOE, Punta Catalina, entre otros, con los que se financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas para unos pocos”.
Durante su intervención, Eduardo Vega Luna expuso como prioridad alcanzar al menos cinco objetivos: la máxima transparencia del Estado, el cambio del régimen de contrataciones públicas, la reforma del Sistema Político, el Sistema de Justicia e instaurar la cultura de integridad.
Vega indicó además que es importante transparentar el sistema de contrataciones del Estado, haciendo público todo lo que tenga que ver con los contratos que celebra el Estado, los procesos de licitación, negociación, cubicación, pagos, etc y adoptar medidas extraordinarias para evitar la corrupción en las obras de infraestructura, fortalecer la autonomía político-administrativa de los organismos reguladores, así como promover la denuncia y proteger al denunciante de actos de corrupción.
En la Conferencia se plantearon una serie de medidas que se deben adoptar para instaurar la máxima transparencia en el Estado, incluyendo fortalecer el servicio civil, la integridad y la ética del sector público; eliminar las prácticas y la cultura que propician el tráfico de influencias, obligando a los funcionarios a la declaración pública no solo del patrimonio sino también de sus intereses y los de sus relacionados; e impedir el ingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Durante la charla, se propuso como medida ejemplar adoptar el “voto de confianza” para evaluar a los funcionarios públicos, que otorga la facultad de destituirlos o apartarlos del ejercicio público para quienes se vean envueltos en casos de corrupción.
Entre las conclusiones se destacaron el fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado, la obligatoriedad de la declaración de bienes de las personas políticamente expuestas, una mayor democracia en los partidos políticos, que el financiamiento no tenga donaciones anónimas y las sanciones efectivas tanto a los corruptos como a los corruptores. Igualmente, se consideró necesario para mayor garantía y transparencia que todos los contratos tengan dentro de su cuerpo expositivo una cláusula anticorrupción.
