Hemos visto como el patrimonio de los funcionarios que al mismo tiempo son empresarios han crecido exorbitantemente sin que a las autoridades les preocupen y orden investigar la idoneidad de los mismos. (Quién entra con cien al Estado sale con mil)
Los empresarios “invierten” mucho dinero durante las campañas electorales, incluso antes, que luego, cuando su patrocinado llega al poder, lo recuperan con creces con el respaldo del mismo presidente violando la Constitución y las leyes.
Es un préstamo millonario cuyos intereses los pagará el pueblo cuando el candidato llegue al gobierno. No es un acto patriótico ni revolucionario, ni un aporte a las transformaciones que demanda la sociedad. Tampoco se trata de la acción de un filántropo. No hay humanismo, ni espíritu “Duartiano” en el financiamiento de las campañas electorales. “Yo me eché a Danilo en los hombros durante muchos años. Yo aposté a ese caballo y finalmente gané”, me dijo un empresario convertido en dirigente del partido oficial meteóricamente. Eso debe terminar.
En muchos países la regulación de las campañas ha alcanzado buenos niveles de transparencia para evitar la inequidad durante los procesos electorales que ahora son más abiertos, plurales y democráticos.
En el Congreso se discute, desde hace muchos años, un proyecto de ley de partidos y movimientos políticos y otro de modificación de la ley electoral que pretenden salvar el sistema político fortaleciendo las instituciones que dirigen las elecciones, los partidos y la democracia.
Dicen los legisladores que han avanzado mucho en las discusiones y que para finales de año es posible que el país tenga una buena ley de partidos y electoral para ser aplicadas en las elecciones del 2020. Esperemos que así sea. Pero más que eso, confiemos en que esas leyes se cumplan o haya quienes las hagan valer, pues de lo contrario seguiremos retrocediendo en materia de electoral.
Los congresistas deben entender que el financiamiento de los procesos es trascendental, igual que el uso de los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad y la duración de la campaña para evitar que cueste tanto dinero. ¡La democracia no puede ser tan cara!
No es posible que un ministro, con todos los recursos de la institución que dirige, sea jefe de campaña en una provincia determinada en compañía de Embajadores, Ministros, Cónsules, Fiscales, Militares y policías con altos rangos y demás funcionarios. El papel del Estado en los procesos electorales tiene que estar claramente establecido en la ley.
Ningún presidente de la República puede salir con el dinero del presupuesto nacional, es decir, de todos, para utilizarlo como si fuera suyo durante un proceso comisión. El dinero del Estado debe ser sagrado, no se puede gastar en campañas electorales a no ser el que distribuye la Junta Central Electoral. Debemos terminar con el sentido patrimonial del Estado. Terminar con las fundas de cemento, planchas de zinc, asfaltado de calles, inauguraciones, etc., en las campañas.
Un proceso electoral tiene que ser bien arbitrado. Para eso se requiere de jueces idóneos, que no sean miembros o dirigentes políticos porque los resultados han sido nefastos para el sistema de partidos y para la democracia. El mejor ejemplo es el TSE que ha funcionado como un organismo adscrito al partido de gobierno sin ningún rubor. Eso no puede repetirse bajo ninguna circunstancias.
Buenas leyes, con buenos árbitros. Esa es la clave.
