La diputada Inés Xiomara Brayan, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por la provincia San Pedro de Macorís, sometió una resolución que solicita al hemiciclo interpelar al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), arquitecto Francisco Pagán Rodríguez.
La iniciativa plantea que el funcionario debe explicar cómo ha manejado los fondos de reconstrucción y equipamiento del hospital regional Antonio Musa, y los motivos que conllevaron a elevar el presupuesto de la obra.
Señala que a principio la obra tenía un contrato de 52 millones 642 mil 834 pesos, pero que el costo se ha elevado a 324 millones 219 mil 979, lo que significa un incremento de un 51.6 por ciento.
Expuso que todo contrato dentro del Estado debe estar reglamentado por la ley que rige la materia, y agregó que la ley que rige la materia de contrato solo permite hacer adenda por un 25%.
Brayan refirió que el Estado había desembolsado al primer contrato en el año 2013, un total de 29 millones 995 mil 149 pesos, pero dicho contrato fue rescindido sin completar la obra, cuando se había pagado más del 60%.
“No entendemos como se le puede presentar al país día siguiente, o sea el 1 de septiembre del 2016, una adenda al mismo contrato por 271 millones 576 mil 694, aunque parezca increíble, todo con el mismo contratista”, enfatizó.
También a Bichara
Fidelio Despradel, el 8 de junio pasado, apoderó al hemiciclo de la Cámara de Diputados de una resolución que busca interpelar al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, en la que le pide explicar sobre el proceso de licitación y ejecución del contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Fidelio Despradel, Diputado Nacional por Alianza País, expresa que Bichara debe responder al Congreso y al país sobre los sobornos que, según la Procuraduría General de la República, Odebrecht pagó para conseguir el contrato de Punta Catalina.
Precisó que por ser el responsable de promover y firmar el contrato por US$2 mil 10 millones 744 mil 751, Bichara tiene una alta responsabilidad administrativa frente a la denuncia que hace el Ministerio Público en base a las delaciones premiadas de ejecutivos de la multinacional.
