Simón Lizardo Mézquita afirma que ambas legislaciones garantizan mayor transparencia en el flujo de capitales y en los negocios.
El Banco de Reservas auspició dos conferencias sobre la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas, a cargo de los juristas Ricardo Rojas León y Raymundo Haché, quienes analizaron las implicaciones, sanciones y regulaciones que introducen las nuevas regulaciones.
El administrador general de la institución financiera, Simón Lizardo Mézquita, al ponderar la trascendencia de ambas legislaciones dijo que garantizan mayor transparencia en el flujo de capitales, y en los negocios que se realizan por medio de las instituciones de intermediación financiera y otros sectores regulados.
Agregó que con la puesta en vigencia de esas leyes República Dominicana se coloca entre las naciones que cumplen cabalmente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que estable recomendaciones para combatir el lavado de activos.
En las conferencias impartidas en el hotel JW Marriot participaron ejecutivos de Banreservas de las áreas de Cumplimiento, Tesorería, Contraloría, Auditoría y de Negocios, miembros del Consejo de Directores y ejecutivos de las empresas filiales.
Rojas León, uno de los autores de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, explicó que esta legislación, además de fundamentarse en las recomendaciones del GAFI, se acoge al estándar para la transparencia e intercambio de información con fines globales.
Afirmó que esa legislación, promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, “ha modificado en forma sustancial el régimen de prevención y de persecución penal del blanqueo de capitales en la República Dominicana”.
Subrayó que esta Ley llega en una coyuntura importante para la República Dominicana, porque el país está siendo evaluado por el organismo regional al que estamos afiliados, que vela por el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, cuyo equipo evaluador debe arribar al país en octubre próximo.
“A diferencia de lo que acontecía hace una década, cuando fuimos evaluados por el GAFI, ahora la evaluación no solamente se limita a constatar que la República Dominicana tiene una normativa de prevención, persecución y de sanción contra el lavado de activos, sino a comprobar qué tan eficaces hemos sido con la aplicación de la normativa que tenemos”, dijo el abogado.
Prevención del riesgo
Rojas León destacó que la nueva Ley presta especial atención al enfoque basado en riesgo, que deben implementar las entidades obligadas en la identificación, medición, monitoreo y mitigación del riesgo de prevención.
Precisó que la Ley 155-17, además de ampliar las regulaciones contra el lavado de activos incorpora el aspecto relativo al financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus respectivas sanciones penales.
Ley de Quiebra
El especialista en derecho comercial Raymundo Haché explicó que la Ley 141-15, sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales, es una legislación necesaria en nuestro país, que contrario a perjudicar a los acreedores, los beneficia.
Añadió que esta legislación, que entró en vigencia en febrero y que rige el sistema de quiebra en el país, persigue “salvar una empresa y salvaguardar el crédito”.
Haché agregó que “hay una serie de empresas, de bancos de instituciones financieras que otorgan créditos a negocios y empresas, lo que se busca es proteger ese crédito; suspender una obligación de pagos, pero para que esa obligación se logre pagar posteriormente”.
Detalló que la Ley establece el procedimiento para liquidar una empresa, el cual se aplica cuando esta carece de suficientes activos para pagar sus pasivos. En caso de que deba ser reestructurada, las condiciones que se toman en cuenta son: pagos vencidos a más de 90 días, impuestos retenidos a más de seis meses, falta de pagos de dos salarios consecutivos y embargo de más del 50% de los activos, entre otros aspectos.
Afirmó que la legislación también prevé un acápite para la colaboración con tribunales internacionales que conocen quiebras o liquidación de empresas internacionales que tienen influencias en República Dominicana por vía de una sucursal o filial.
