Solo razones políticas pueden explicar que la decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de flexibilizar las medidas de coerción a la mayoría de los investigados por el caso Odebrecht, excluyera al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón.
Esa decisión no puede estar basada en que pudiera entenderse que ambos tienen un nivel de responsabilidad mayor en las cosas que se investigan, porque ese sería un criterio válido para las consideraciones de una pena, pero no para el conocimiento de una medida de coerción que básicamente debe responder a dos preguntas: 1- ¿Representan peligro de fuga? 2- ¿Afecta su libertad el curso de las investigaciones?
La primera no era materia de decisión porque el juez a quo admitió que tienen arraigo suficiente y que no tienen riesgo de evasión, pero sobre la segunda estuvo el alegato del Ministerio Público de que su libertad afectaría la investigación, sin embargo, ese fue alegato para todos y a siete les quitaron los cerrojos, permitiendo que vuelvan al seno de su familia y a la continuidad de la vida cotidiana, con algunas limitaciones.
El proceso está basado en el contenido impreciso de unas delaciones premiadas que ninguno de los dos que permanecen en prisión tienen la posibilidad de alterar, amen de que no desempeñan ninguna posición de poder que les permita torcer el curso del proceso, por el contrario, han tenido un espíritu de colaboración tal que todas las transacciones que ha presentado el Ministerio Público sobre pagos de Odebrecht a sus empresas, los proporcionó Ángel Rondón como parte de sus alegatos de defensa, y nadie más interesado que él en que cada transferencia permanezca con los endosos del concepto y del contrato que la avala.
La disposición de conservarlos en prisión puede haber obedecido a la interrogante ¿Qué pensaría el país y cómo lo enfocaría el movimiento que se ha abanderado de la lucha contra la impunidad, si se le hubiese dado la libertad a todos los implicados?
Que no hubo intención de hacer justicia y se montó un show para tomarle el pelo a los incautos.
Que hay mucho de eso, las falencias del expediente se han encargado de evidenciarlo, pero aún así el mantenimiento en prisión con razón o sin ella, hace creer a muchos que existe la intención de establecer responsabilidades.
Por otra parte, también ha ayudado el hecho de que los jueces de la Suprema Corte que conocieron de la apelación de las medidas de coerción independientemente de que sabían que la resolución impugnada estaba copada de arbitrariedades, no eran ajenos a un vínculo solidario con el juez que la impuso, y por espíritu de cuerpo no la iban a declarar ni nula, ni inconstitucional ni prescripta, por el contrario, se ataron a ella para tomar sus decisiones.
El juez a quo determinó que había razones para dictar medidas de coerción, ese criterio se preservó y aunque se variara la drasticidad a la mayoría de los encartados, entre los que había varios merecedores de libertad pura y simple, quedaron encadenados a una coerción.
Con la motivación del voto disidente de la magistrada Miriam Germán, presidenta de la Corte, el país se percató de lo que tengo más de seis meses advirtiendo: investigación seria realmente no la ha habido, el Ministerio Público se ha limitado a buscar la manera del salir del paso.
