La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) apoya a la licenciada Nérsida Marmolejos, directora de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), ante el improcedente acto de alguacil firmado por las ARS afiliadas a la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), que busca que la funcionaria deje de hacer lo correcto.
La Casc considera como una aberración al sistema el acto de alguacil intimando a la directora de la DIDA a desistir en la gestión de cumplimiento de la resolución 375-02 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que amplía la cobertura en cirugías y tratamientos de alto costo y máximo nivel de complejidad.
Nos solidarizamos con la DIDA, que ha infirmado que solo éste año el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública ha consignado la suma de 1,986 millones 693 mil 976 en el Programa de Ayuda para Enfermedades Catastróficas no cubiertas por el Seguro Familiar de Salud, dinero que, podría utilizarse para construcción y mejoramiento de infraestructura, equipamiento de hospitales, entre otras necesidades de ese sector que beneficiarían las personas más vulnerables.
Calificamos de insólito el acto enviado por las ARS toda vez que, pese a las gestiones para que se cumpla la resolución 375-02 ratificada mediante la 395-01 por el Consejo Nacional de la Seguridad (CNSS), incluyendo la integralidad en la atención de las enfermedades catastróficas en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Sistema Dominicano de Seguridad Social, no está cumpliendo y eso es lo que ha generado la presión de los afiliados.
Reiteramos nuestro respaldo a la directora de la DIDA en todas sus partes debido a la excelente gestión que realiza Nérsida Marmolejos a través de la entidad defensora de los afiliados de la seguridad social; al tiempo que consideramos que lo grave de la situación, es que algunas ARS desconocen su papel, vulnerando el derecho a los asegurados que, en ocasiones, han pagado con su vida el incumplimiento de las disposiciones.
Al igual que la funcionaria llamamos a “las ARS a reconsiderar su actitud para permitir una mejor gobernabilidad social del Sistema y el bienestar de los afiliados”.
La central sindical manifiesta que las ARS son parte del SDSS incluyendo las afiliadas a la ADARS y tienen la prerrogativa de expresar sus consideraciones y hacer valer sus derechos, no obstante cree que este recurso, además de ser improcedente, mal fundado y carente de base legal como se aprecia, sienta un mal precedente de judicialización de los procesos de la seguridad social, algo que no es bueno para el sistema.
