Como un acto risible puede calificarse el acto de intimación que ha recibido la Dida de parte de la Adars. Resulta que el sistema de salud de la República Dominicana constituye una vergüenza afianzada luego de que los servicios de salud que antes de la ley 87-01, eran universales, al menos en los hospitales públicos, regenteados por el Estado y la religión católica, pasaran a llamarse centros de atención primaria. Este planteamiento que es una conquista universalista del Estado Social que nació a inicios del siglo XX, pero que luego del último tercio de ese siglo fue tomado por asalto por las concepciones privatistas de factura neoliberal, pasó a ser una mercancía más dentro del mercado, desnaturalizándose así su objeto. Si bien en el primer mundo dicho modelo ha podido sobrevivir con grandes tropiezos, en el tercer mundo, el neoliberalismo ha encontrado un terreno propicio a sus designios excluyentes.
Es en este escenario donde la asociación privada de los negocios del servicio de salud llamados clínicas, invocando una resolución inferior a la ley y más inferior aun, al artículo 62 de la Constitución de la República, que califica la salud como un derecho fundamental, se permite intentar constreñir a la Dida a que descontinúe el proceso de concienciación de los usuarios del servicio de salud sobre el derecho fundamental que les asiste conforme a la Constitución. La Adars no siente vergüenza por haber torpedeado por más de 10 años la aplicación de la ley 87-01, alegando entonces que dicha ley carecía de un marco constitucional adecuado, pero luego de 2010, se entendía que dicho argumento había quedado descartado, sin embargo, ahora lo retoman, sabrá Dios sacando fuerza de dónde.
Obviamente, algún aliento habrán de haber encontrado en el gobierno, pues a decir verdad, los órganos reguladores y garantistas de derechos fundamentales realizan una labor muy tímida en relación a su obligación de hacer realidad, aun sea de forma gradual, los objetivos programáticos contenidos en la Constitución, y que son los que justifican la existencia de dichos órganos. Baste mencionar la desfachatez de Pro Consumidor, Pro usuario, Protecom, etc., para darse cuenta de que existe toda una tendencia a lamer los pies del empresariado perjudicando a los débiles y violando así la Constitución del Estado Social.
Por esta razón, cuando aparece alguien que se aferra al mandato constitucional como ocurre con la luchadora de toda la vida Nelsida Marmolejos, se intenta achicarla, constreñirla, e incluso, algo más. Como si la sociedad dominicana estuviese integrada por genuflexos. La Adars ha de saber que su postura lo único que conseguirá será unificar y contribuir a unificar la dispersa clase media y a los sectores populares en torno a la necesidad de enfrentar en los tribunales y en las calles a quienes abiertamente conspiran contra la Constitución. Es más, el propio sector empresarial ha de unirse a la lucha pues la productividad de sus empresas, puede verse afectada por una mano de obra enferma y sin atención médica debido a los criterios rentistas de la Adars.
Hoy cuando el gobierno tiene en reparación indefinida la mayor parte de sus centros de atención primaria, la Adars ha debido asumir cierta dosis de responsabilidad social corporativa, sin embargo, lo que hace es presionar al gobierno con su actitud para obtener mayores beneficios, olvidando a los enfermos, a los asegurados, a los seres humanos que con o sin seguro de salud, merecen atención médica sin estar sujetos a razonamientos rentistas.
El sistema judicial, la vía judicial con que amenaza la Adars, puede convertirse en un arma de doble filo para dicha entidad, pues es dable indicar que ante un conflicto como el que se plantea la Adars, no tiene posibilidad más que de condena social y de condena judicial. Es más, la propia Dida puede, desde el concepto de administración de justicia en sede administrativa, actuar contra esa entidad, la cual, a todas luces, se ha apartado del marco constitucional. DLH-18-7-2017
