La decisión fue acogida por los 19 senadores presentes en el hemiciclo, y el presidente de la Comisión resaltó que el informe servirá en el futuro de consulta para solicitudes para retiro de inmunidad a legisladores.
TEÓFILO BONILLA
El Senado aprobó a unanimidad este miércoles rechazar por “improcedente y al margen de los principios de utilidad y oportunidad para desarrollo del proceso judicial”, la solicitud de retiro de la inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y Tommy Alberto Grullón, hecha el 31 de mayo pasado por el Procurador General de la República (PGR), por supuestamente recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Arístides Victoria Yeb, leyó el informe de 13 páginas que explica jurídicamente y constitucional las razones del rechazo a la solicitud de Jean Alain Rodríguez, jefe del Ministerio Público, y pidió se incluyera para su aprobación a la orden del día, que fue aprobado por los 19 senadores presentes en el hemiciclo.
“La comisión ha resuelto rendir informe desfavorable solicitando el rechazo de la solicitud de levantamiento de la inmunidad por improcedente y al margen de los principios de utilidad y oportunidad a los fines del desarrollo del proceso judicial iniciado”.
Expresa que sobre la solicitud remitida por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, a instancia del Procurador General de la República, mediante acto de alguacil Número 469-2017 del 29 de mayo del 2017, al Senado de ponderar en los términos de los artículos 86, 87 y 89 del Constitución, el retiro de la protección legislativa a los senadores Valentín y Grullón.
Enfatizó que El senado forma integral del Poder Legislativo y en tal virtud, se sujeta y acata el mandato imperativo de la Constitución y las leyes como órgano depositario de la soberanía nacional.
“No obstante -precisa el informe- es deber del Senado advertir que las actuaciones de los poderes públicos deben estar siempre sujetas a los límites que impone la propia Constitución y las leyes, y a los criterios de razonabilidad, utilidad y oportunidad que las hagan justas y efectivas”.
Indicaron que a los senadores Valentín y Grullón les asiste la presunción de inocencia, garantía consagrada en tratados internacionales sobre derechos humanos y en la propia Constitución dominicana, e implica que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se le dicte sentencia condenatoria con la autoridad de la cosa juzgada.
Agrega la comisión en su informe que los senadores Valentín y Grullón han estado siempre dispuesto a someterse al escrutinio y a la investigación que ha abierto el Ministerio Público por los hechos imputados.
Enfatizan que la inmunidad parlamentaria está condicionada a criterios de oportunidad, pertinencia y utilidad procesal para su levantamiento, así como a la valoración política de la Cámara correspondiente.
Especifica que “el régimen las inmunidades adoptado por el constituyente dominicano no impide que un congresista pueda ser imputado e investigado, por lo que la inmunidad parlamentaria, de ningún modo, exime, que los legisladores denunciados estén en la obligación de responder ante la justicia por sus hechos personales, si es el caso.
El juez Francisco Ortega, el 6 de junio pasado, conoció la solicitud del Ministerio Público respecto a órdenes de arresto en contra de los senadores Valentín y Grullón, entre otros, donde el magistrado decidió imponer una garantía económica e impedimento de salida del país, alterno de lo dispuesto en el artículo 226 de la ley 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal y sus modificaciones.
Sobre el particular sintetiza el informe del Senado que “la Constitución dominicano dispone que para que un legislador pueda ser arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, previamente debe autorizarse el retiro de la inmunidad, siempre y cuando la legislatura se encuentre abierta y salvo en los casos de aprehensión por la comisión de flagrante delito”.
Apunta que el Senado fue notificado de las resoluciones judiciales a instancia del PGR, cuando la Constitución dispone que la solicitud y su correspondiente notificación es competencia de la autoridad judicial competente.
Otros proyectos
En otras iniciativas que el pleno del Senado aprobó en segunda lectura con modificaciones, está el proyecto que regula la “Certificación de Cítrico”, de la autoría del vocero del bloque del PLD, Rubén Darío de la Cruz, de Hato Mayor, además, fue aprobado en primera lectura el proyecto que modifica la ley No. 19-00 de Mercado de Valores de República Dominicana, del 8 de mayo del 2000, del Poder Ejecutivo, además fue aprobado en segunda lectura el proyecto que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Provincia San Juan (Coraa-sanjuan).
