Los centros sociales de la Compañía de Jesús respaldo la extensión de la vigencia de los permisos de regularización dispuesto por las autoridades por considerar que permitirá corregir errores pasados y avanzar hacia el fortalecimiento institucional.
Las consideraciones emitidas en un documento enviado a DiarioDigitralRD.Com, la entidad jesuita reconoce que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) ha cumplido parcialmente con sus objetivos, "pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes".
A continuación el texto completo del documento emitido por la entidad cristina en República Dominicana.
Desde los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana, entendemos que la extensión de un año a la vigencia de los permisos de regularización supone una nueva oportunidad para corregir los errores pasados y avanzar hacia el fortalecimiento del marco institucional dentro del cual se desarrolla la política migratoria en nuestro país. Al hacer un balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) se debe reconocer que éste ha cumplido parcialmente sus objetivos, pero todavía son muchas las tareas que quedan pendientes.
Por este motivo, insistimos en el hecho de que la prórroga de renovación dada por el Consejo Nacional de Migración tiene que venir acompañada de un proceso claro y que elimine las trabas y debilidades que incidieron de manera negativa en el PNRE, y que hicieron menos posible su calificación de éxito rotundo. Estas trabas y dificultades deberán ser corregidas en los meses venideros, con el reglamento que la Dirección General de Migración deberá elaborar.
Al Plan de Regularización se inscribieron 288,466 personas de los 524,632 extranjeros que había en el país según los datos de ENI 2012. De ellos, solo 242,404 consiguieron regularizar su estatus migratorio, y solo 8,915 personas pudieron completar su expediente con todos los requisitos exigidos en el Plan (apenas el 3.09%). Estos datos nos hacen ver que los requisitos pedidos para la regularización migratoria no eran factibles para la gran mayoría de los extranjeros que residen y aportan su mano de obra en el país. La falta de información a la población inmigrante, la gran cantidad de documentos que se les solicitaba (referencias comerciales con RNC, contrato de alquiler de vivienda, certificación de nómina expedida por el Ministerio de Trabajo, cuenta bancaria, actos notariales, etc), el alto costo de los mismos y la dificultad para poder obtener algunos de ellos, junto con los escasos niveles de colaboración entre las administraciones públicas y las trabas administrativas, hicieron que gran parte de los objetivos que se perseguían con el Plan de Regularización quedaran sin conseguir. Es importante resaltar en este punto que el 15% de las personas que se inscribieron en el Plan (43,119) no tenían un documento de identidad, por lo que se hace preciso instar al Gobierno de Haití a documentar a sus nacionales para que puedan acogerse a los procesos y garantizar su bienestar. Mantener las situaciones anteriormente expuestas en este próximo proceso de renovación de los permisos podría dar lugar a un fracaso en los objetivos de la regularización migratoria, dando al traste con todos los esfuerzos económicos, administrativos y políticos invertidos durante estos cuatro años.
Desde los primeros meses de este año 2017 hemos visto un gran incremento en la detención y deportación de la población inmigrante en el país, y constatamos nuevamente que no se están desarrollando pautas para la eficacia del derecho fundamental a un debido proceso en el marco de las deportaciones. Como consecuencia, permanecen aún algunas discrecionalidades y arbitrariedades en estas situaciones. Por este motivo consideramos que el procedimiento con relación a los procesos de deportación debe ser complementado con las siguientes pautas: cada persona sujeta a deportación debe tener un expediente individual, todo elemento procedimental ha de ser agotado de manera igualmente individualizada, evitar la separación de familias nucleares, adoptar medidas concretas para hacer acompañar a los expulsados de sus efectos personales, que la entrega de la persona a las autoridades del Estado de origen sea en condiciones que no afecten su dignidad e instar al Gobierno de Haití a que ejerza su función consular y preste asistencia humanitaria a las personas deportadas para lograr la reinserción en su lugar de origen.
Los datos objetivos de la realidad migratoria del país y de los logros alcanzados hasta el momento en la regularización de las personas extranjeras, nos demuestran que se hace necesario reactivar y fortalecer los canales de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, para introducir mejoras en la normativa y promover que la misma se convierta en un instrumento más eficaz y humano. Igualmente, queremos hacer un llamado a las autoridades de República Dominicana para evitar la instrumentalización del tema migratorio como un arma de demagogia política, ya que la manipulación de este tema afecta los derechos y la dignidad de las personas migrantes y daña las dinámicas sociales, comerciales, y culturales entre Haití y República Dominicana. Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades dominicanas a volver a las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés general y que integre además la perspectiva de derechos humanos.
