En un documento puesto a circular, atribuido al sector social de los sectores que participan en la discusión del del pacto eléctrico, se afirma que en ese organismo estalló una crisis en la Pre-plenaria. Asegura que esa esa sesión no estaba completado el quórum requerido, y lo atribuye a una imposición del Gobierno tramitada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), Dra. Iraima Capriles.
El documento alega que con esa actitud se pretendía impedir la discusión del tema de las Plantas a Carbón de Punta Catalina y otros aspectos fundamentales del sector eléctrico.
Señala que la la sesión se disminuyó dramáticamente cuando todos los actores componentes del Sector Social, con el apoyo a sus reclamos de núcleos del sector empresarial y laboral, pidieron “un cuarto intermedio”, hicieron una consulta y comunicaron al resto de los asistentes se retiraron de la sesión.
El documento presentado por el Sector Social en la Pre-plenaria del Pacto Eléctrico y que fuera aprobado en una asamblea de sus integrantes realizada este lunes 31, establece lo siguiente:
“No hacer una discusión seria y a profundidad sobre las Plantas a Carbón de Punta Catalina, ignorando su impacto en todo el sistema eléctrico y dando la espalda a una nación que indignada ante la confesión de los graves delitos que ha hecho la empresa constructora y el consorcio que la ejecuta, desconociendo las sobrevaluaciones derivadas del proceso de corrupción admitido y al margen de la ley nacional que establece la obligación de rescindir el contrato y expulsar del país la empresa mafiosa, es una violación al Estado de Derecho, al imperio de la ley que dimana del espíritu y la letra de la Constitución Dominicana y una maniobra para bendecir y “blindar” a Punta Catalina desde el Pacto Eléctrico.
“No puede el Sector Social, en este caso, admitir como válido que el resultado contenido en el Pacto Eléctrico, sea un simple párrafo que proponga condicionadamente que la propiedad de esas dos plantas termoeléctricas seguirá siendo estatal.
“No hay transparencia, ni se apuesta al consenso, si no se comprende:
Que para su terminación el proyecto de Punta Catalina sea sometido a una AUDITORIA en la que se defina su verdadero costo, superando la inclusión de las sobrevaluaciones ya admitidas por la empresa mafiosa que aun la construye.
Que la eliminación de los sobrecostos que son responsabilidad única de ODEBRECHT por no asegurar el financiamiento brasileño con el que se había comprometido.
El aseguramiento del respeto al Medio Ambiente cumpliendo los convenios y protocolos internacionales (incluyendo el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Ley 64-00 y lo establecido en la Ley END 1-12 sobre la descarbonización.
