La Constitución que el Partido de la Liberación Dominicana le dio al país en el 2010 y que poco después modificó para permitir la reelección de Danilo Medina, dice que ningún funcionario puede hacer negocios con el Estado, ni favorecer a terceros, sean parientes, amigos o relacionados; que nadie puede ser ministro y empresario al mismo tiempo.
El artículo 135 establece que “los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses”. (Más claro, ni el agua) Según los documentos que ha mostrado el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, el ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, no solo incrementó el número de empresas, sino que su fortuna creció como la verdolaga a partir del 2012, cuando fue designado.
“Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus funciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
“De igual forma, dice la Carta Magna, será sancionada toda persona que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
La creación de Abonos Dominicanos que según los documentos que posee Faña, fue creada en el 2013 por Peralta en sociedad con el ministro de Agricultura, con un capital inicial de 10 millones, hoy tiene más de cien millones de pesos. Otras compañías nacieron en el poder. Pero la más beneficiada es Agro Comercial Import. ¡Sus ganancias son espectaculares!
Las denuncias de Faña están basadas en informaciones irrefutables que les suministraron los organismos del Estado.
Además, no es Faña el único en quejarse y hasta querellarse contra el súper ministro. Recordemos que Lácteos dominicanos lo acusó, junto a otros funcionarios, de asociación de malhechores solicitando una indemnización de 500 millones de pesos por daños y perjuicio.
En aras de la transparencia y el cumplimiento de la ley, el presidente Danilo Medina debió ordenarle al Procurador Jean Alain Rodríguez una investigación sobre las denuncias de productores y empresarios agrícolas y de la empresa Lácteos Dominicanos. Pero en un acto de complicidad no lo hizo.
El artículo 146 dice que es obligatoria “la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”.
Danilo dijo en Barahona, a finales del 2011, que cancelaria a cualquier funcionario “hasta por el rumor público”, algo que parece haber olvidado: “Cuando yo sea presidente, porque sé que lo seré; seré un presidente ético y moral. (?) Cuando yo designe mi gabinete, aunque sus integrantes sean mis amigos, cuando uno de ellos sea señalado por el rumor público, convocaré al Consejo de Gobierno Ampliado y en presencia de todos le pediré cuentas a ese funcionario, y si no quedo satisfecho, de ahí iré al despacho presidencial a firmar el decreto de su cancelación”.
(El Consejo de Gobierno Ampliado no ha sido convocado nunca para esos fines. Y por supuesto, nadie ha sido cancelado a pesar de los rumores que a diario circulan por todo el país como una tempestad nauseabunda)
No hay que haber estudiado derecho en la Sorbona de Paris ni en Harvard para darse cuenta que Faña tiene la razón. Los documentos presentados a la prensa así lo confirman. Ningún juez “garantista” lo condenará a seis meses de prisión y al pago de 6 millones de pesos como quiere el ministro.
En buen derecho Faña debe tener ganancia de causa. Pero es, “en buen derecho”. Me preocupa el control que tiene el gobierno sobre la Justicia y los medios de comunicación. Por tal motivo, es deber de los agricultores darle un espaldarazo para que no se lo coman vivo. El PRM, por su lado, tiene que actuar políticamente para demostrar que Faña no está solo y evitar que el poder se imponga nuevamente.
