Las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Guzmán, advirtiendo que la República Dominicana no debía continuar operando como el paritorio de haitianas que cruzan la frontera para desembarazarse en hospitales dominicanos, retroalimentó una de las grandes preocupaciones de todos los compromisarios de la dominicanidad: el descontrol migratorio.
Esas damas son traídas en grupo desde Haití, penetran a territorio nacional sin la documentación correspondiente y son distribuidas en la red hospitalaria del país sin consecuencias para los beneficiarios de ese tráfico, que sientas las bases de futuras presiones de la comunidad internacional para la atribución de la nacionalidad dominicana, a pesar de que el párrafo 3 del Artículo 18 de la Constitución Nacional, pauta muy claro ese aspecto: Son dominicanos y dominicanas “Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjero que se hallen de tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano.”
Las parturientas ilegales y sus recién nacidos encuadran en la categoría de tránsito, por lo que corresponde el registro en el libro de extranjería y la notificación al consulado de su país, el problema es que además muchas son indocumentadas, y no faltarán los que insistan en atribuir la responsabilidad de solucionar identidad a la RD.
Puede proclamarse que el que venga atrás que arree porque el agravamiento del descontrol migratorio se transfiere a generaciones posteriores, pero el caso es que mientras se aguarda a la catástrofe futura, los dominicanos pobres cargan con la peor parte.
El año pasado el país destinó más de tres mil millones a las atenciones médicas a los haitianos, la suma es significativa, pero si se le ve en el contexto de un presupuesto de la red pública de salud de 31mil 600 millones, se diría que todavía queda una buena tajada para las atenciones médicas de los dominicanos, pero no es así, 23 mil millones del total de presupuesto son destinados al pago de nómina, por lo que quedan apenas ocho mil millones de los cuales los haitianos consumen más del 30%.
He ahí la explicación de que los usuarios del servicio de salud, lo que perciban sea precariedad, mientras el Gobierno habla de grandes inversiones.
Los datos del Servicio Nacional de Salud arrojan que el año 2016 en los hospitales de la red pública se registraron 110,365 partos, de los cuales 18,832 fueron a extranjeras. En el primer trimestre del año en curso se totalizaron 25,935 partos, de los cuales 4,729 (18%) fueron haitianas.
Este año la situación se proyecta muy superior al anterior, en la Maternidad Nuestro Señora de la Altagracia, el 25% de los partos corresponden a haitianas, suma que se eleva al 35% en el hospital Cabral y Báez de Santiago de los Caballeros.
En Barahona y toda la franja fronteriza el número de parteras haitianas supera a las dominicanas.
Si el Estado dominicano detiene ese flujo, lo podrán tildar de insensible, pero uno de los estímulos que tienen las haitianas es que en su país les cobran por realización de parto, mientras que en dominicana, la inversión se limita al pago de transporte.
Se debe exigir al Gobierno haitiano que asuma su responsabilidad en ese tema y advertir a la comunidad internacional que RD no puede seguir sustentando las atenciones médicas a los haitianos sobre el deterioro de los servicios brindados a los dominicanos.
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