Tiene mucho sentido y lógica la preocupación del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, respecto la estampida de mujeres que llegan desde Haití a dar a luz en los hospitales públicos de República Dominicana.
Él considera que el país tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las embarazadas que están cruzando la frontera con esos propósitos con el deliberado objetivo de buscar que esos niños sean nacionalizados.
Ese es el plan, no hay dudas. Esa inquietud la comparte mayoría de los dominicanos, la cual es distinta a la de otros que se confabulan con sectores mafiosos haitianos para traficarlas a un costo de miles de pesos.
Castaños Guzmán, con sobrada razón, entiende que es preciso tomar en cuenta que República Dominicana, como nación, hay que preservarla de la avalancha de niños de madres extranjeras, pues esa situación le crea una gran presión al Estado dominicano, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.
“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso, y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió. Además, reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos.
No es de ahora el trasiego de parturientas desde el vecino país. Ellas son dejadas a su suerte en los frentes de los hospitales por los traficantes, quienes cuentan con la complicidad supuestamente de militares, choferes e incluso inspectores de Migración, según las reiteradas denuncias de las organizaciones de la sociedad civil.
Los médicos nacionales las asisten por asunto humanitario, y así debe ser. Precisamente, es ahí donde radica parte del problema. Como hay mucha sensibilidad social en esa rama profesional y en otros segmentos del país, el Gobierno haitiano se aprovecha de esa debilidad nuestra para enviar a sus embarazadas a parir en masa, amparándose en su pobreza catastrófica y el caos institucional con que se viste esa nación. Detrás de esta estrategia maquinan los países que abogan por la fusión de República Dominicana y Haití.
Este modus operandi es ejecutado de manera alegre por cárteles integrados por haitianos y dominicanos y no he visto ningún arresto o sometimiento a la justicia de los responsables. Cabe especular que cuentan con apoyo de sectores poderosos en el país. Y no me sorprendería que así fuere, pues hace unos años un conocido legislador introducía por la frontera a decenas de nacionales chinos y nunca lo investigaron ni lo pusieron bajo arresto.
Las estadísticas nuestras dicen que más de cinco mil millones de pesos invierte el Gobierno anualmente en atenciones a embarazadas haitianas, de acuerdo al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro en una declaración ofrecida el 18 de mayo pasado. Se estima que en los hospitales de la región norte y la frontera de la República Dominicana se realizan 8 mil 500 partos al año. El Estado dominicano gasta 60 mil pesos por cada parturienta.
La clase médica dominicana ha alertado al Gobierno por la gran cantidad de mujeres de esa nación que acuden diariamente a los hospitales del país; ya muchas de ellas llegan justo en el momento de dar a luz y esto complica el procedimiento médico que hay que seguir en esa situación. Algunos especialistas de la salud consultados sobre el tema, manifestaron que esta situación puede elevar los índices de mortalidad materna infantil en el país.
En este sentido, los galenos expresaron que un gran porcentaje de los 8 mil 500 partos que se realizan anualmente a nacionales haitianas son de alto riesgo, por la falta de tratamiento médico que presentan las parturientas.
El 25 de febrero del 2016, el ex comandante general del Ejército de la República Dominicana (ERD), y hoy viceministro de Defensa, mayor general José E. matos de la Cruz, en visita al periódico El Nacional, afirmó que “bandas de haitianos y dominicanos trafican con grupos de mujeres embarazadas y niños desde Haití para que den a luz en hospitales del país y poner a los menores a pedir en avenidas de grandes ciudades del país”.
También, diputados y senadores de diferentes parcelas políticas han denunciado en varias ocasiones esa situación.
“Y la vida sigue igual”, como dice una canción de Julio Iglesias. Tal parece que nuestros gobernantes están ciegos, sordos o nunca se dan por enterados.
