Santo Domingo: Pocos meses atrás el Movimiento Marcha Verde produjo un primer documento o manifiesto en el que pedía el sometimiento judicial del Presidente Danilo Medina.
El pedimento es reiterado, junto a otras solicitudes igualmente preocupantes para toda sociedad habituada a la regularidad derivada de la periodicidad y necesidad del sufragio universal como forma de elección de las autoridades.
No conocemos otro método “democrático”, ni creemos que los llamados “intelectuales” lo sintetizaran a partir de las realidades nacionales.
Sí se observa en este nuevo Manifiesto de los Intelectuales de Marcha Verde, por el contrario, una declarada mezcolanza de medias verdades, desconocimiento de las leyes y tergiversaciones, en una exposición cuya línea argumental pretende, a fin de cuentas, “desmontar el andamiaje institucional” que permita plantear un candidato presidencial con posibilidades de éxito electoral.
Para lograr ese objetivo los auto titulados intelectuales de Marcha Verde piden, por ejemplo, establecer una ley del Ministerio Público “otorgándole autonomía administrativa y financiera” a esa institución, como si ya el artículo 2 de la Ley núm. 133-11, Gaceta Oficial 10621 de fecha 9 de junio de 2011 no dispusiera expresamente que “El Ministerio Público goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa.”
Reclaman que el movimiento “no es subversivo”, a la vez que pide el sometimiento judicial del Presidente de la República y el descabezamiento de todos los poderes públicos, junto a la inusitada fe en una constituyente para reemplazar todo el andamiaje institucional y político nacional. La única forma en la que pueden lograrse semejantes metas es mediante la insurrección armada, el foco guerrillero, la revuelta civil y el caos generalizado.
Debe entenderse que el sistema de partidos políticos no puede seguir siendo pasto de las bajas pasiones, de las traiciones cotidianas, del ejercicio de una política constantemente mediocre generada por agentes sin preparación, sin vocación de servicio, sin vinculación con las masas.
La sociedad dominicana puede compartir, y los partidos políticos del sistema deben entenderlo, que ha llegado la oportunidad y la necesidad de ofrecer al elector la posibilidad de revocar los mandatos electivos sobre la base de un pedimento ciudadano para que se convoque a una reforma constitucional, que inserte ese mecanismo en nuestra Carta Magna pero no sobre la base de crear agitación política y social para destruir lo ya conseguido.
Para que la democracia no quede reducida al mero ejercicio del voto, se requiere no solamente aprobar de manera consensuada las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Es imprescindible la disminución del costo de campaña para romper el círculo vicioso de la corrupción; crear el Ministerio Público Electoral, la servidumbre de medios y espacios de colocación de publicidad electiva, la celebración de debates locales entre candidatos e institucionalizar árbitros electorales imparciales.
Estas medidas ya han sido propuestas por FOPPPREDOM, junto a otras como la eliminación del voto preferencial –herramienta perversa que genera la elección indirecta de los senadores e incrementa exponencialmente la utilización de profusos capitales para obtener posiciones públicas, que por definición no pueden servir para regenerarlos–, el cambio del método D’Hondt por otra fórmula de asignación de escaños que permita ganar al candidato más votado, no al del partido más votado.
Si estas medidas no pueden tomarse, los partidos políticos enfrentarán no solamente su disolución, sino que habrán faltado a su responsabilidad de sostener el régimen democrático que tanta lucha, sangre y luto costó a las generaciones pasadas.
El consenso político nacional es la solución para superar los males denunciados por la Marcha Verde y sus “intelectuales”. La Secretaría General de FOPPPREDOM llama a todos los actores a hacer un pacto nacional que vincule a los partidos y la sociedad.
La sociedad dominicana representada por la Marcha Verde, sus miembros destacados y los partidos políticos pueden y deben sentarse a negociar las reformas a las leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y de Régimen Electoral.
FOPPPREDOM sostiene su apoyo irrestricto al orden constitucional y reconoce que las demandas sociales deben auspiciar un cambio que no rompa el cauce institucional que tanto esfuerzo le ha costado al país.
¡Adelante, demos el primer paso!
