Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos intentó controlar y fortalecer la industria naval del país ante el peligro de los submarinos alemanes, que habían hundido cerca de 5.000 buques durante el conflicto.
El Congreso aprobó en 1920 la Ley de la Marina Mercante, también conocida como “Ley Jones”, que nacionalizaba la industria de la construcción naval y el tráfico de los buques mercantes en esa nación y además estipula que únicamente las embarcaciones norteamericanas pueden llevar mercancías y pasajeros de un puerto a otro de ese territorio.
Aunque ya los submarinos y los buques de guerra alemanes no navegan amenazantes por las aguas del Caribe, tras 97 años de su creación, esta arcaica normativa sigue vigente y está obstaculizando la llegada de las ayudas solidarias internacionales a Puerto Rico por la vía marítima, luego de la isla ser devastada por los huracanes Irma y María.
Y no es que los barcos extranjeros, en realidad, tengan imposibilitado el acceso total a territorio puertorriqueño.
De hecho, pueden llegar, pero deben pagar antes una serie de aranceles, tasas e impuestos que, luego, son transferidos a los consumidores de la isla. Los puertorriqueños son, entonces, quienes lo pagan y por eso están ansiosos de que cambien las reglas del juego. La opción que se ha sugerido es que los buques lleguen hasta Florida, descarguen los productos y, desde allí, partan en barcos estadounidenses a la Isla del Encanto.
Un estudio realizado por dos universidades boricuas, en 2012, asegura que esta situación implica que el precio de las mercancías en esa nación de 3,6 millones de habitantes, según las estadísticas del 2017, sea al menos dos veces mayor que territorio continental de Estados Unidos o en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde no se aplica la ley.
Después del paso de los huracanes Harvey e Irma por Norteamérica, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos decidió levantar provisionalmente las restricciones de la Ley Jones para evitar que ocurriera un inminente corte del suministro de gasolina en las zonas afectadas. De hecho, sucedió así. ¿Por qué no aplicar la misma fórmula en la Isla del Encanto?
Senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Bernie Sanders y el exvicepresidenciable Tim Kaine, conmovidos por esta desgracia, pidieron al presidente Donald Trump que utilice la opción “Defense Production Act” para responder a la situación de emergencia en Puerto Rico. Ese reglamento, que data desde el inicio de la Guerra de Corea, en 1950, permite al mandatario movilizar recursos del sector privado a través del Pentágono para responder a determinadas situaciones, sobre todo para entregar suministros de forma masiva por tierra y mar, así como para evacuar a ciudadanos con necesidades médicas urgentes, y también para reconstruir la infraestructura.
Otros congresistas como el senador republicano John McCain, y el demócrata Luis Gutiérrez, solicitaron al gobierno que se tomara una medida similar con la isla caribeña para facilitar la llegada de las ayudas. John McCain consideraba inaceptable forzar al pueblo de Puerto Rico a pagar el doble por alimentos, agua potable, suministros e infraestructura, debido a los requerimientos de la Ley Jones.
En un editorial publicado hace poco en el periódico The New York Times, el abogado boricua Nelson Denis opinó que con la eliminación de la ley se podrían salvar muchos puertorriqueños, especialmente niños y ancianos, de una potencial hambruna y también permitirá a los isleños encontrar medicamentos, especialmente productos farmacéuticos canadienses, a precios que salvan vidas.
A Trump, que ha dado autorización provisional a barcos extranjeros para que lleven suministros a Puerto Rico, le han llovido las críticas en los últimos días, acusado de no dar la suficiente importancia a la situación en Borínquen, donde la infraestructura eléctrica ha quedado totalmente destrozada y hay graves problemas de acceso a comida y agua.
Precisamente, en virtud de esas dificultades, el Gobierno dominicano tuvo que utilizar el transporte Ferries del Caribe para mandar dos camiones tanqueros con miles de galones de combustibles y otras asistencias humanitarias.
En vez de asistir a esa gente, el polémico gobernante la emprendió en su cuenta de Twitter contra las autoridades isleñas, atribuyéndoles un “pobre liderazgo” en esta crisis y que “quieren que se les haga todo”.
¿Por qué esa actitud contra Puerto Rico? ¿Por qué politizar la crisis? ¿Asunto de retaliación política o discriminación racial contra un Estado en bancarrota y, por demás, asociado a los Estados Unidos?
Es deprimente ver las imágenes de la televisión donde aparecen mujeres, hombres y niños boricuas a la intemperie, llorando, sin viviendas, alimentos, agua, luz eléctrica ni medicinas, que imploran ayudas urgentes. Las calles están desoladas, llenas de obstáculos.
Por ley, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y merecen ser tratados como tales, en igual de condiciones y sin discriminación respecto a los demás estados. Estados Unidos controla en el mundo los mares, aire y tierra, por tanto no entiendo la razón de mantener esa política deshumanizante. Pienso que la Ley Jones no tiene sentido de ser, tomando en consideración que las causas que le dieron origen, ya no existen.
