En el 1996, este humilde servidor trabajaba como reportero para un medio impreso nacional, cubriendo la fuente del Palacio presidencial. Un día abordé al entonces presidente Leonel Fernández en una actividad que se realizaba en Bonao y le pregunté su opinión sobre la cacareada Ley de Partidos Políticos.
En esa ocasión, el mandatario me respondió que no entendía mi pregunta, lo que me obligó a repetirla, pero no me entendió. Cuando partía del lugar, Fernández mandó a parar su vehículo, bajó el cristal y con mucha amabilidad, me dijo: “Excúseme, fue que no entendí la pregunta”. Y él tenía razón. Después me di cuenta que tal vez no supe formular bien mi pregunta o fui muy teórico. Sin embargo, de su respuesta deduje que en ese momento al Jefe del Estado no le convenía dar detalles sobre el tema que sonaba mucho en la prensa.
Desde esa vez, la Ley de Partidos ha sido sometida a numerosos debates públicos en los medios de comunicación y en el Congreso Nacional. Las controversias entre los partidos de la oposición y el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están radicalizadas en un punto fundamental: si procede realizar o no elecciones internas con padrones abiertos o cerrados en esas organizaciones.
Dentro del PLD, la corriente danilista promociona que en la Ley debe incluirse las primarias abiertas y simultáneas “porque traería más transparencia, más participación y más institucionalidad a República Dominicana”, mientras un sector ligado al expresidente Leonel Fernández mantiene una campaña en las redes sociales a favor del padrón cerrado, posiciones que obviamente representan una retranca para la posible aprobación del proyecto.
El Comité Político del PLD sugirió contratar a algunos juristas para que estudien la citada propuesta legislativa y ofrezcan un diagnóstico sobre este asunto. Como era de esperarse, esa decisión fue enfrentada por el Partido Revolucionario Moderno, que acusó al presidente Danilo Medina de pretender llevarse de paro el ordenamiento jurídico al sugerir esa fórmula.
La Ley de partido tiene como objetivo específico garantizar el funcionamiento del sistema democrático, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia. También, contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas.
La reforma a la Ley Electoral y Ley de Partidos planteada por la Junta Central Electoral ya recibió el respaldo de algunos sectores, entre estos la Fundación Institucionalidad y Justicia, así como de la Conferencia del Episcopado Dominicano, por considerarla como buena y válida para el fortalecimiento del sistema de partidos en República Dominicana.
El financiamiento económico de dudosa procedencia a los partidos y candidatos a cargos electivos, sobre todo los recursos provenientes del narcotráfico, es por igual un punto a tenerse en cuenta en esta discusión. Se infiere, además, que el Estado dominicano debe abandonar la antaña costumbre de subsidiar a las organizaciones políticas.
En este contexto, se cuestiona el aspecto del padrón abierto porque de permitirse esa modalidad, daría pauta a que se cometan indelicadezas al incluir como supuestos votantes a personas fallecidas o ciudadanos con doble militancia o que por sus funciones públicas están impedidos de ejercer el sufragio, como por ejemplo los militares y policías.
En este último caso, estamos hablando de un voto silente indirecto no regulado porque éstos terminan influyendo en los familiares, amigos y parientes cercanos para que voten por un candidato preferido, pues hay que entender que, independientemente de portar uniformes, son hombres y mujeres con sentimientos, con muchas necesidades, que aspiran como ciudadanos a cambios coyunturales en términos políticos, sociales o económicos para disfrutar una vida digna.
En fin, la controversial Ley de Partidos caería bien en nuestra sociedad porque sería una excelente oportunidad de acabar con la compra de votos, cédulas y la manipulación de conciencias; de impedir que individuos vinculados al lavado de activos aporten fondos para las campañas electorales o participen como candidatos a cargos electivos; que los partidos minoritarios hagan operaciones amañadas para lograr su aprobación de la Junta Central Electoral.
El problema está en que, al parecer, no existe la voluntad política de que se apruebe esa normativa electoral. ¿A qué le temen? Todos sabemos las razones del pataleo para que este reglamento muera en el Congreso Nacional y en caso de su aprobación, será con ventajas para los que tienen mayoría de legisladores, lo que sería algo así como un traje hecho a la medida.
