Si se eliminara el malgasto de los recursos públicos se podría financiar con el presupuesto nacional el 45% de lo necesario para educación, salud, vivienda y seguridad social en el año 2020, sostiene la organización Oxfam.
Santo Domingo.- Un estudio de la organización internacional Oxfam identificó en el Presupuesto General del Estado casos concretos de malgasto de recursos públicos y estimó el costo anual de la corrupción y el uso partidario de la nómina cuyas partidas podrían reasignarse para invertirlas en educación, vivienda o salud, sectores en los que durante años la inversión pública ha sido insuficiente.
El estudio, que lleva por título “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, calculó que para el año 2017 el volumen de recursos malgastados sobrepasa los RD$90,000 millones, lo cual equivale a cerca del 13% del gasto total del Gobierno Central. Estos recursos serían suficientes para financiar políticas públicas urgentes de cara a la garantía de derechos a toda la población por igual.
Para determinar estas cifras se estudiaron cinco áreas en las que se estimó que el gobierno malgasta el 2.5% del PIB al año, siendo el uso político de la nómina pública (o “botellas”), la que concentra el 53% del volumen total del malgasto. Las otras áreas identificadas van desde corrupción, entidades que duplican funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad, uso clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y propaganda.
De acuerdo al informe, por concepto de las denominadas “botellas” existe un espacio fiscal ascendente a unos RD$39,000 millones en el año 2017, equivalente al 1.1% del PIB. “Si el estado desarrollara una auditoría para eliminar las botellas entendemos que podrían liberarse más recursos de los que reclama Casa YA para financiar una política de vivienda”, declararon.
La corrupción tiene un costo anual estimado en unos RD$ 26,000 millones o el 0.7% del PIB en 2017. Este volumen de recursos es 3.5 veces superior al presupuesto dedicado en este año a educación inicial y más dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable.
Por concepto de entidades que sobran, el informe identifica indicios de duplicidades de funciones en, al menos, 77 instituciones públicas: 34 dependencias sectoriales y 43 consejos/comisiones. En principio se trata de un estudio exploratorio y amerita que cada caso sea estudiado a profundidad pero que abre la posibilidad de un ahorro potencial de casi RD$13,000 millones equivalente al 0.4% del PIB lo cual es casi 11 veces superior a lo asignado a vivienda social en el mismo año, así como 9 veces superior a lo previsto para servicios hospitalarios. Representa, además, más recursos que lo contemplado para todo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a los gastos con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del Presidente/a se proponen medidas que tendrían un ahorro potencial de más de RD$5,000 millones o el 0.1% del PIB.
“Si este malgasto se reorientara hacia políticas públicas que garanticen derechos, el déficit que actualmente enfrenta el presupuesto público para cumplir con los objetivos que se planteó la Estrategia Nacional de Desarrollo fuera significativamente inferior”, sostiene el estudio.
De eliminarse el malgasto, se podría financiar con los recursos del presupuesto nacional el 45% de lo necesario para educación, salud, vivienda y seguridad social en el año 2020, plantea la organización.
Esta investigación forma parte de la campaña «Cambiemos las Prioridades», que se ejecuta conjuntamente con Casa Ya, iniciativa de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, que demanda al Estado invierta el 1% del PIB a la sectorial de vivienda durante 10 años de forma sostenida para eliminar la situación de carencias habitacionales que actualmente afecta al 71% de la población dominicana y, de manera especial, a las más de 8,000 personas damnificadas por fenómenos naturales, quienes se encuentran en albergues «temporales» en algunos casos desde hace más de 30 años.
La presentación del informe estuvo a cargo de Rosa Cañete y Rafael Jovine, autores del mismo y los comentarios fueron realizados por Pável Isa Conteras, economista; la diputada Faride Raful, y Carlos Pimentel, abogado y especialista en transparencia y la gobernanza.
