El abogado y profesor universitario Juniol Ramírez fue secuestrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), torturado y asesinado de una manera inusual. Fue encontrado atado con cadenas y dos blocks enormes, lanzado a un río para que se hundiera y su cadáver no fuera encontrado nunca, como sucedió con Narcisazo que a más de 23 años de su desaparición nadie sabe dónde está su cuerpo.
El Ministerio Público, junto con la Policía, en una acción relámpago, como pocas veces, “resolvió el caso” señalando que el crimen fue el resultado de la extorsión del occiso contra el director de Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Onsa), Manuel Rivas, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex candidato a síndico por el municipio de Santo Domingo Oeste.
De inmediato acusó a empleados del dirigente político de cometer el hecho de sangre y anunció que profundizará las investigaciones para determinar si el funcionario tuvo algún nivel de responsabilidad. El sesgo no puede ser mayor conduciendo a la complicidad que acompaña la impunidad.
Parecería como si la extorsión, en caso de ser cierta, fuera el crimen, no el asesinato; la fiscal le deja a la sociedad un sabor político amargo y decepcionante porque más que resolver el caso, lo que se advierte –aunque no se así en el fondo- es un interés por ocultar o disminuir el nivel de responsabilidad de los autores intelectuales del asesinato despiadado.
Creo que las autoridades están manejando incorrectamente el crimen que ha causado estupor en la sociedad dominicana que reclama justicia de un sistema jurídico desprestigiado por la corrupción y la mafias que lo integran, atado al poder político y al partido de gobierno, creado justamente para la impunidad cuando se trata de crímenes y delitos cometidos por esas instancias.
El Ministerio Público, para ser creíble, tiene que actuar, sin la prisa de los hechos, con algún atisbo de independencia frente al poder político que lo designa dando a entender que nadie, no importa quien sea, está por encima de la ley.
(Un ex juez del Tribunal Superior Electoral, aspirante a continuar en las “Altas Cortes”, escribió que a Juniol Ramírez lo había asesinado “el bajo mundo al que pertenecía”, ignorando que ese “bajo mundo” fue el que lo escogió para que destruyera el sistema de partidos, misión que cumplió sobresalientemente).
Lo que deben investigar es el crimen y determinar los responsables sometiéndolos a la justicia, sin esconder, como suele hacerse, a los grandes, a los que planificaron y ordenaron la muerte del abogado. No importan los motivos. La extorsión, si fuera cierta, (no soy investigador ni fiscal) no justifica el asesinato.
¿Qué elementos produjeron la supuesta extorsión que condujo al crimen? ¡La corrupción! Ese es origen de todo.
La corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis en todos los órganos del Estado con la complicidad del Sistema Jurídico colocándolo al borde de la desintegración. Si hubo el pago de un millón de pesos, de cuatro que era el compromiso inicial, es porque había corrupción. ¡Y mucha! ¿Quién está investigando el desfalco de la Onsa? ¿De dónde saldrían los cuatro millones que recibiría el supuesto extorsionador? ¿Dónde está la prueba de la extorsión?
Una cosa es cierta: Sin corrupción no hay extorsión ni chantaje. Ni crimen. A un funcionario honesto nadie lo extorsiona.
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