Desde Casa Abierta hemos insistido de forma sistemática, que son escasos los recursos destinados por el Estado, para las instituciones que trabajan en el tema de las drogas. Lo más grave es el pobre, o ningún aporte, a las organizaciones sociales, que son las únicas que asumen de forma solidaria el trabajo directo con la población afectada por los consumos problemáticos de drogas. Sin embargo, esto no excluye a las entidades estatales como el Consejo Nacional de Drogas, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Para unas 15 organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional de Drogas, el artículo 33 de la ley sobre lavado de activos, se convirtió en un modesto apoyo que de forma esporádica aliviaba las serias limitaciones con las que operan día a día estas organizaciones. Este artículo se mantiene vigente en la recién promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, desde agosto del pasado año 2016, es decir, a la fecha un año y dos meses, los recursos por esta via ya no se entregan más. No ha habido forma de saber de dónde partió la “orden superior”, de paralizar el cumplimiento de este artículo de la ley. Sabemos que el Consejo Nacional de Drogas, y la Dirección Nacional de Control de Drogas también esperan por estos recursos. Pero son las entidades sociales, que apenas reciben el 15% para su distribución porcentual entre todas, las que más se afectan con esta insensible e ilegal decisión. Son las familias y las personas que necesitan atenciones las que sufren esta nueva muestra de desprecio, desde el Estado.
En nuestro país mucho se ha dicho acerca de la proliferación de leyes y del engaño que significa que las propias autoridades se sitúen por encima de ellas. No se puede seguir diciendo que hay voluntad política de trabajar contra las drogas, mientras se decide violar la ley que aunque mínimamente, favorece a las instituciones sociales y estatales que trabajan en ello. Esta decisión, no se sabe de quién, ahoga a estas instituciones más de lo que ya están al negarle los recursos que por ley les corresponde. Pero parece que eso poco importa. Cuando el incumplimiento de una ley viene de las propias autoridades, nos preguntamos: ¿ante quién debemos reclamar?
Demandamos el cese de esta violación a la ley que perjudica la estrategia dominicana contra las drogas, pero muy especialmente a las familias y personas que no cuentan con recursos para costear su tratamiento. Solicitamos el apoyo de las personas que hacen opinión pública y a los medios de comunicación en general, para que nuestro reclamo se escuche más alto. Que llegue a personas que desde el poder parece que han olvidado su deber en el cumplimiento de la ley, y su responsabilidad con los programas preventivos para la reducción de la demanda de drogas, así como frente a las personas que necesitan apoyo para su recuperación.
