Santo Domingo, R.D.-El presidente del Colegio Dominicano de Notarios afirmó que la modificación de la Ley 140-15 implica daño irreversible y de consecuencias jurídicas traumáticas y trastornadoras para el orden judicial e institucional.
El doctor Pedro Rodríguez Montero dijo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, ha recurrido a todas las vías a su alcance para pretender colocar en el más abyecto descrédito esta normativa de carácter legal y en ese despropósito ha querido confundir a la opinión pública presentando a los notarios como forajidos y desaprensivos “abrepuertas”, que especulan con una tarifa notarial desproporcionada, y nada de esto se corresponde con la verdad.
Rodríguez Montero intervino en una vista pública de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, a la cual asistieron más de 200 miembros del Colegio Dominicano de Notarios.
“La verdad de todo es que la Ley número 140-15, del Notariado y del colegio al cual presido, como toda obra humana es perfectible, toda ley es revisable, toda normativa legal es susceptible de ser superada y adecuada; pero la pretensión del doctor Germán Mejía, sólo de él, porque él no ha consultado el Pleno de Jueces de esa alta Corte, es volver atrás”, manifestó el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, durante su intervención.
Indicó que es necesario precisar las actuaciones de los notarios en lugar de los alguaciles, ya que únicamente está prevista en los procesos verbales (embargos, desalojos, las aperturas de puertas y los protestos de cheques), y que sólo en ocasión de realizar específicamente esas delicadas intervenciones, ya que las notificaciones, las denuncias y demás diligencias que se hacen antes y después de dichos procesos verbales, siguen reservadas a los alguaciles.
Manifestó que “esa honorable Comisión, ha de recordad que en su desmedido esfuerzo el doctor Germán Mejía, puso en práctica con motivo de un proyecto originario en este mismo sentido, la iniciativa legislativa que reserva la Constitución de la República, no a él, como presidente, sino a la Suprema Corte de Justicia, error enmendado por sabias recomendaciones que se le hicieran”.
Dijo que todo ese afán atiende a un interés particular, “el cual no revelamos ahora para evitar caer en lo que pareciera un tremendismo”, expuso.
Declaró que uno de los más graves problemas de la justicia dominicana es el congestionamiento de casos y expedientes, sin que a la fecha no se advierta ninguna diligencia hecha por el doctor Germán Mejía en su calidad de gerente máximo del Poder Judicial, orientada a disminuir esos casos, y que lejos de hacer diligencias amparado en la iniciativa legislativa de ese poder del Estado, cuando está haciendo es legislando un vía de reglamentos, como ahora resulta con los deslindes de violación a Ley número 108-05, de Registro Inmobiliario.
“Tampoco se puede explicar la pasividad del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ante un decreto que, como el número 4807, data de la fecha 13 de junio de 1959, y es de la manufactura de Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente provisional de la tiranía, y todavía es la normativa que rige sobre los alquileres en el país, lo que contribuye con el congestionamiento judicial, es un instrumento ciertamente obsoleto e incongruente”, exteriorizó el presidente del Colegio Dominicano de Notarios.
