Para el país, para el Gobierno y para el consorcio que construye las termoeléctricas de Punta Catalina, hay una prioridad insoslayable: la conclusión de esa obra, cualquier conflicto debe manejarse con propuestas que no retrasen ni paralicen la finalización de la mejor y más valiente decisión estratégica para la creación de un mercado de generación liberado de cartelización.
Cada mes de retraso se pierden, sin ningún beneficio, veinticinco millones de dólares, y con la obra funcionando, en vez de perder recursos que no sobran, el Estado pudiera disponer de un ahorro de no menos de 300 millones de dólares, además de propiciar una competitividad en la generación eléctrica en base a combustibles más económicos y menos lesivos al medio ambiente.
Si hay una iniciativa que ha tenido que abrirse paso contra viento y marea, enfrentando los intereses de los que quieren seguir manejando un negocio a sus anchas, imponiendo contratos onerosos que el déficit de generación obliga a acoger para evitar el colapso del suministro o grandes crisis, han sido las plantas de Punta Catalina, a pesar de que no ha habido obra rodeada de mayor grado de transparencia.
El diseño de las plantas, así como los términos de referencias de la licitación pública internacional, y la propia dirección del proceso de escogencia de las propuestas ganadoras, estuvieron a cargo de la firma estadounidense Stanley Consultants, para la que esa obra representaba una motivación muy especial, porque es el diseño conmemorativo de los cien años de esa firma.
La mejor propuesta técnica y la única que se acogía a todos los requerimientos exigidos resultó ser el del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, resultado halagüeño porque para entonces, la cabeza de ese grupo, Odebrecht, solo representaba prestigio.
La obra arrancó y de ella solo se esperaba lo que ocurriera lo que, con todas las obras de Odebrecht, que se iniciaban y se terminaban en tiempo eficiente y con una calidad, sin equiparación en la historia de todas las empresas constructoras nacionales y extranjeras que han trabajado en país.
Pero el nombre de Odebrecht degeneró en símbolo de escándalos, lo que no solo creo incertidumbre sobre la posibilidad de que no pudiera concluir la obra, sino que además afectó los financiamientos, y ante el hecho de que ni el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de Brasil, ni un banco italiano pudieron erogar los préstamos previstos, por el impacto de los escándalos por los sobornos admitidos por Odebrecht, hubo que cambiar de fuentes de financiamientos, y todo ha repercutido en retraso.
El último desafió que tiene por delante la terminación de Punta Catalina, es el impasse entre el Consorcio y el Gobierno por el reclamo de pagos adicionales a los previstos en el contrato EPC, que no tienen solución más apropiada que la de acogerse el mecanismo de arbitraje, porque ese reclamo incluye unos 540 millones de dólares por los costos adicionales que un retraso representa para cualquier obra, pero que el Estado dominicano sostiene que no pueden ser cargados a su responsabilidad porque la crisis que impidió el flujo de los financiamientos no fue provocada por factores locales.
Por otra parte, también se han adicionado realizaciones en la obra que no estaban contempladas en el diseño original, algunas de las cuales el Gobierno dominicano las atribuye a errores de diseño que no eran de su responsabilidad, y en otros a que no hubo una comunicación en los plazos establecidos.
