La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo 30 años de cárcel contra Héctor José Carrión Pichardo, alias Ñoño El Bastardo o Bastardito, hallado culpable de cometer robo con violencia y homicidio en perjuicio de la nacional taiwanesa Koue Mei Shie de Huang, en la residencia de ésta, localizada en el sector Mata Hambre.
Los jueces Arlin Ventura Jiménez, Alfi Castillo y Edward Abreu, del Tercer Tribunal Colegiado, acogieron la solicitud de la Fiscalía, sentenciando a Carrión Pichardo con la pena máxima estipulada para este caso, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional La Victoria.
El reporte acusatorio indica que el citado hecho ocurrió en la madrugada del 24 de septiembre del 2016, cuando el condenado penetró a la casa de la víctima, ubicada en la avenida Abraham Lincoln próximo a la Correa y Cidrón del referido sector, donde la mujer residía con su hijo y otros familiares.
Una vez dentro de la vivienda, “Ñoño El Bastardo” se dirigió a la habitación de Koue Mei Shie de Huang, donde sustrajo varios objetos. Mientras el hombre perpetraba el robo e intentaba desconectar el sistema de cámaras de vigilancia, la víctima se despertó, según explicó la procuradora fiscal litigante Paola Piedad Vásquez.
“Tan pronto se percató de esto, el acusado se abalanzó sobre ella, le tapó el rostro con una almohada, bloqueándole sus vías respiratorias. Ella luchó por su vida, pero finalmente el asaltante logró matarla, asfixiándola. Las incidencias del hecho fueron captadas por las cámaras de seguridad”, detalló la fiscal Vásquez.
Luego de ultimarla, el agresor salió del aposento y continúo saqueando las demás habitaciones. En audiencia se dio a conocer que el malhechor sustrajo de la residencia: cuatro celulares inteligentes, una computadora portátil, un bulto negro perteneciente al hijo de la víctima que contenía toda su documentación personal, entre otros objetos de valor.
Unas horas más tarde, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, el cuerpo sin vida de Koue Mei Shie de Huang fue hallado por su hijo, quien de inmediato informó a las autoridades.
El procurador fiscal investigador del caso, Waner Alberto Robles de Jesús, le otorgó al hecho la calificación jurídica de robo agravado y homicidio, delitos que están previstos y sancionados en los artículos 379, 382, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
