La cantidad y la frecuencia con que se vienen produciendo agresiones contra mujeres, especialmente el impacto social que provocan los asesinatos, obligan a las autoridades a ir más allá de las campañas mediáticas, las cuales ciertamente ayudan en la disuasión del potencial feminicida, pero están lejos de ser la solución.
Sobre todo cuando se aborda el drama de forma episódica o con campañas fugaces, o mediante operativos que a la postre no profundizan en el verdadero problema social que enfrentamos.
La República Dominicana es uno de los países donde se registran altos niveles de agresiones contra las mujeres, con un número elevado de muertes por esa vía. Aunque parezca mal de muchos, consuelo de tontos, debemos decir que otros países sufren igual flagelo, entre ellos España, donde es frecuente el asesinato de mujeres por sus parejas. Y hablamos de Europa.
En nuestro país muchos de los asesinatos terminan en suicidio del agresor, lo cual no es un consuelo, pero al menos es una compensación.
Uno de los últimos y más dramáticos feminicidios ocurrió el 24 de noviembre pasado, cuando la joven Geraldine Sánchez Baldera, de 28 años, fue asesinada a balazos por su expareja Martín Batista Ogando, quien la llamó por teléfono para que saliera al estacionamiento en su trabajo, con el propósito supuesto de dialogar con ella.
Como suele acontecer en estos casos, la dama no tomó las precauciones y se dejó llevar por la confianza, a pesar de que ya el homicida tenía antecedentes de violencia física contra ella.
Este probablemente fue uno de los feminicidios que resultó más ofensivo contra la sociedad, por la forma burlona como se condujo el agresor, al punto de que al ser presentado ante la autoridad judicial competente estaba tan quitado de la pena como si había matado a un animal salvaje.
Justo este momento es que quiero matizar, pues el individuo vino a aterrizar en su realidad cuando el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, encargado de conocerle la medida de coerción, le advirtió que debía prepararse para cumplir 30 años de prisión, y le impuso 12 meses de reclusión preventiva.
¿Es esto suficiente? Es obvio que no, puesto que la justicia siempre actúa a posteriori, es decir, ante el hecho consumado.
Sin embargo, el mensaje de la justicia, junto con las políticas públicas a cargo del Estado, pueden jugar un papel estelar en la lucha contra esta plaga que representan las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o antiguas parejas, quienes no admiten que se les deje.
Dado que el Estado no puede custodiar a cada mujer amenazada, queda el miedo que debe infundir la justicia actuando implacablemente.
